Santa Cruz de Tenerife, 23 Dic. (EP/IP) -
El responsable de Política Municipal de la ejecutiva regional del PSC PSOE, Gustavo Matos, calificó ayer de "desvergüenza" que Coalición canaria (CC) y Partido Popular (PP) votaran a favor, en un pleno del Ayuntamiento de Arona, de pagar con dinero público un importe de más de 60.000 euros "del dinero de los ciudadanos" para abonar los servicios de abogados a los imputados en esta trama urbanística que ha sacudido el municipio en los últimos meses. Este asunto es, para Matos un "escándalo" y "un hecho sin precedentes", además de una "ilegalidad manifiesta, pues implica abonar un dinero público para la defensa de implicados en asuntos penales", "una desvergüenza que coloca a esa Corporación al borde del abismo".
El responsable asegura que, en su opinión, parece "increíble que se haya tomado esta decisión pues es un gesto que no guarda ninguna relación con la defensa de intereses públicos, sino para defender a una serie de personas relacionadas con una trama urbanística, que son los que deberían pagarse sus abogados con sus propios honorarios".
Por otro lado, Matos quiso mostrar todo su apoyo a los compañeros de su partido en el Ayuntamiento de Arona y a su portavoz, Francisco García Santamaría, ante el "descrédito profesional" que está viviendo la Corporación municipal al completo tras los últimos acontecimientos judiciales en relación a la trama urbanística de Arona. Matos expresó su preocupación ante la situación por la que está pasando la Institución pues "el Ayuntamiento de Arona va en caída libre con este caso".
Para el responsable, otro asunto que otorga aún más "gravedad" a este asunto es que la noticia relativa a la detención, en los últimos días, de "importantes funcionarios municipales y empresarios", refiriéndose a Arsenio Zamora y al jefe de la Oficina de Urbanismo del Ayuntamiento de Arona, Eliseo de la Rosa, haya llegado ser difundida de forma nacional, "convirtiendo a Arona en la Marbella de Tenerife".
La imputación por cohecho, tráfico de influencias y extorsión de Zamora y la de cohecho, tráfico de influencias y prevaricación de De la Rosa se produce después de que un empresario aportara al juez instructor pruebas de la supuesta mecánica de extorsión y cobro de comisiones de la Oficina de Urbanismo de Arona a cambio de licencias.
