SANTA CRUZ DE TENERIFE, 10 Jul. (EUROPA PRESS) -
El candidato de Coalición Canaria (CC) y el Partido Popular (PP) a la presidencia del Gobierno autonómico de la VII legislatura, Paulino Rivero, abogó hoy, martes, en su discurso de investidura por discriminar el acceso al empleo a los foráneos residentes en las islas a partir de 2004. Se comprometió a "priorizar, con empresarios y sindicatos, la contratación de desempleados con tres o más años de residencia en Canarias". Rivero prometió un Ejecutivo "justo, transparente y firme" con los intereses de la Comunidad Autónoma. Ofreció diálogo y consenso a la oposición del PSC de Juan Fernando López Aguilar y catalogó de "egoístas e irresponsables" a quienes "echan a pelear a los canarios". Se responsabilizó con los cabildos y los ayuntamientos a relacionarse desde la lealtad y el respeto, las mismas virtudes que exigió al Estado en sus contactos con Canarias. La polémica de las enmiendas en el Congreso de los Diputados a la reforma del Estatuto de Autonomía, junto con el sistema electoral, fue obviada al quedarse en la afirmación de que el Estatuto es un derecho irrenunciable de Canarias.
Paulino Rivero subió a la tribuna de oradores del Parlamento a las cinco y cinco de la tarde, cinco minutos más tarde de la hora prevista y, durante algo más de una hora, desveló un discurso de investidura, que mañana miércoles será apoyado con los 34 votos del pacto de CC y el PP y la oposición de los 26 escaños del PSC.
En la exposición de las líneas generales del proyecto que se propone desarrollar en el curso de los próximos años, comenzó propugnando la necesidad de desarrollar un buen Gobierno y un buen Parlamento rechazando el pleito insular.
Continuó profundizando en el segundo epígrafe, denominado 'Creer en Canarias', donde definió el tipo de relaciones que pretende con el Parlamento, las corporaciones locales y el Estado, junto con una tímida referencia a la reforma del Estatuto de Autonomía y una definición específica de las características que guiarán la acción de su Gobierno.
Terminó con el tercer epígrafe, llamado 'Compromisos programáticos', en el que esbozó sus compromisos en doce áreas sectoriales como son el empleo, la educación, la vivienda, la sanidad, el crecimiento poblacional, la inmigración, la seguridad exterior e interior, el turismo, las infraestructuras y el transporte, el medio ambiente y la cultura.
Paulino Rivero empezó su intervención intentando trasladar su "convicción de que esta será, sin duda, la legislatura que situará a las personas" en el centro de la política. El candidato afirmó que Canarias necesita "un buen Gobierno" y un Parlamento, donde el "diálogo y la voluntad de propiciar consensos se impongan a las descalificaciones y a la crispación".
Sin decir el nombre de Juan Fernando López Aguilar se refirió al jefe de la oposición cuando advirtió, "a quienes pretendan convertir la legislatura en un interminable pleito postelectoral, que no cuenten" con el Gobierno del pacto de CC y el PP.
La campaña electoral es el pasado y, en los próximos años, añadió, "no hay tiempo que perder y, por lo tanto, no podemos despilfarrarlo con pleitos de siglos pasados o con discursos que pretenden, egoísta e irresponsablemente, echar a pelear a los canarios de unas islas contra los canarios de otras".
Tras estas indicaciones, abogó por la unidad de Canarias para avanzar y progresar sin entorpecer el futuro. Los mensajes destructivos y devastadores, agregó, "nos debilitan". En su opinión, abonar la "división es el problema" mientras que apostar por la "unidad es la solución".
Para Rivero, creer en Canarias es creer en su mayoría de edad, que pasa, entre otras cosas, por atenerse al calendario de su propia legislatura "sin partirla en dos", en función de las elecciones generales. El Archipiélago, según el candidato, tiene su propio calendario político y "nos marca una agenda de cuatro años a la que vamos a atender sin detenernos en lo que pueda ocurrir en otros escenarios".
Se comprometió a trabajar por los equilibrios sociales y por los interinsulares y aprovechó la ocasión para intentar transmitir un mensaje de "ilusión, de esperanza y de futuro a los trabajadores, a los empresarios, a las instituciones y colectivos, a los sindicatos y agentes sociales, y, sobre todo, a tantos canarios, amas de casa, voluntarios, profesionales, jóvenes o mayores; que con su entrega hacen posible el progreso de nuestro Archipiélago". Sin ellos, continuó, no es posible el buen Gobierno ni la buena política.
"Sin ellos no es posible Canarias. Este será el Ejecutivo de todos porque todos cuentan y todos tienen algo que decir y aportar, este será un gabinete de todos", insistió el candidato. Para hacer realidad estas palabras avanzó uno de los dos proyectos de ley, que anunció en este discurso que llevará próximamente al Parlamento.
Antes de finales de 2007, el Gobierno de CC y el PP registrará en la Cámara el proyecto de Ley de Participación Ciudadana. Su principal objetivo es profundizar en la democracia y tender "cuantos puentes hagan falta para combatir la apatía y propiciar la corresponsabilidad ciudadana". Rivero insistió en que este compromiso era una apuesta por la democracia social.
Prometió un Gobierno "justo, capaz, transparente y firme" en la defensa del interés de los canarios. Defendió una gestión de los recursos públicos eficaz y honesta porque será el Ejecutivo "de quienes viven y sienten estas Islas, tanto si han nacido en ellas como si no".
"Pondremos los cinco sentidos en conseguir que cada vez se tengan más y mejores oportunidades, más y mejores servicios; que cada vez sean menos los que no tienen lo imprescindible, que cada vez los canarios de cualquiera de las islas se sientan más y mejor representados, más y mejor gobernados, más y mejor atendidos, más y mejor correspondidos".
Sin embargo, al anunciar las acciones en materia de empleo avanzó una medida discriminatoria. Rivero dijo que se tomarán iniciativas como la "de fomentar y priorizar", con acuerdos con empresarios y sindicatos, "la contratación de desempleados con tres o más años de residencia en Canarias", es decir, que se relega a un segundo término a los foráneos desempleados que viven en las islas, por lo menos, desde 2004.
En su opinión, "no se trata de vetar a nadie" sino de "dar una oportunidad a la gente que vive en Canarias: a los nacidos aquí y a la gente que reside en las islas".
