LAS PALMAS DE GRAN CANARIA, 28 Feb. (EUROPA PRESS) -
El empresario y presidente de la UD Las Palmas, Miguel Ángel Ramírez, ha admitido este miércoles en un comunicado haber intermediado en la venta de mascarillas al Servicio Canario de Salud (SCS) durante la pandemia del Covid-19, así como el que el material se entregó en "perfecto estado" antes de "satisfacer los pagos".
Ramírez sale así al paso del comunicado de la Fiscalía Provincial de Las Palmas que tras incoar diligencias de investigación ha denunciado a cuatro empresarios por delitos contra la Hacienda Pública, blanqueo de capitales y malversación con la venta de material sanitario durante la pandemia por un importe de 22,8 millones de euros, de los que los empresarios se habrían quedado presuntamente con entre 9 y 10 millones, y que según la Fiscalía se trata de un asunto que "no" tiene relación con el 'caso Koldo'.
Él es uno de estos empresarios a los que la Fiscalía ha denunciado haciendo referencia a las siglas de los investigados (MARA, LBLC, CCE y NJF) y que corresponden a Miguel Ángel Ramírez, al político Lucas Bravo de Laguna, así como a los empresarios Christian Cerpa y Noel Jammal, según avanzó el periódico Canarias 7 y recoge Europa Press.
Ante ello, Ramírez expone en su comunicado que la Fiscalía Provincial de Las Palmas ha interpuesto contra él una querella "únicamente" por dos presuntos delitos contra la Hacienda Pública en materia de IRPF y correspondientes a los ejercicios 2020 y 2021, indicando que la Fiscalía Europea, a quien se le dio traslado de los hechos objeto de la querella, "decidió no investigar ningún otro delito, al no apreciar indicios de su comisión".
Por ello, ha defendido que "jamás" vendió ni ofertó producto sanitario alguno al SCS, con el que niega también haber establecido relación comercial, si bien afirma que su labor consistió "únicamente en la intermediación" ante una situación de "máxima dificultad y extrema urgencia" que se estaba produciendo con el fin de "satisfacer las necesidades" de la sanidad pública.
Asimismo asegura que se entregaron los diez millones de euros en material contratado "en perfecto estado", ya que era "condición indispensable para satisfacer" los pagos.
