Viticultores y Bodegueros de Canarias celebran el cese de la actividad económica del Cabildo en Bodegas Insulares

SANTA CRUZ DE TENERIFE 27 Jun. (EUROPA PRESS) -

La Asociación de Viticultores y Bodegueros de Canarias (AVIBO) ha celebrado este viernes la aprobación en el pleno del Cabildo de Tenerife relativa a la finalización del contrato del Cabildo Insular de Tenerife con Bodegas Insulares de Tenerife (BITSA), con la que se "da cumplimiento" a lo comprometido con la Comisión Europea y se pone fin a 35 años de "intervención administrativa injustificada" en un sector "pujante, rentable y competitivo".

Así, AVIBO ha valorado en un comunicado que la actual corporación insular y sus responsables hayan cumplido con "la palabra dada ante la Comisión Europea", decretando la finalización del contrato del Cabildo con BITSA, que utilizaba desde 1994 las bodegas e instalaciones insulares "sin pagar canon de arrendamiento alguno".

Además, desde el colectivo también han mostrado su satisfacción por que la actual institución insular esté en camino de complir esta semana con "su compromiso de salir del sector económico vitivinícola", reconociendo que ya este sector no solo "es maduro sino rentable económicamente, competitivo, exportador y de excelencia".

De este modo AVIBO ha reconocido el trabajo efectuado por el gobierno del Cabildo tinerfeño, especialmente por "haber sido sensibles a las reivindicaciones del sector", que "sufría" como marcas, como Viña Norte y otras de BITSA, "competían con ellos a precios mucho más bajos, por las múltiples ayudas y ventajas" del Cabildo.

"Han cumplido la hoja de ruta consensuada en Bruselas, han impedido que la Comisión Europea abriera expediente de incumplimiento, que hubiera supuesto la devolución de ayudas de estado ilegales por cantidades millonarias, con detrimento para las arcas públicas y sanciones al Cabildo, y, fundamentalmente, han devuelto al mercado vitivinícola a una situación de normalidad y libre competencia", han aseverado desde el colectivo.

PROCESO DE DENUNCIA

Recuerda la Asociación cuando, en los años 90, comenzó esta intervención administrativa en el sector de la elaboración, crianza y venta de vinos, y por la que el Cabildo Insular de Tenerife empezó a operar en un sector económico privado, el del vino, creando una empresa mixta, participada por el Cabildo y el Ayuntamiento de Tacoronte, denominada "Bodegas Insulares de Tenerife, S.A." (BITSA).

En esta empresa pública, detallan, el Cabildo de Tenerife no solo tenía mayoría, sino que ejercía sobre esta y sus empleados el control y su dirección. Así, tras dos décadas de una "intervención administrativa injustificada" del Cabildo en un sector económico "pujante, rentable, competitivo y exportador", la Asociación comenzó a reivindicar ante los responsables públicos insulares esta injerencia en el mercado vitivinícola.

AVIBO remarca que desde la institución, año tras año, se otorgaban diferentes "subvenciones, ampliaciones de capital encubiertas, ayudas promocionales, y cesión de empleados públicos" para realizar trabajos en bodega, entre otras ayudas, que solo llegaban a BITSA, "pero nunca al resto de más de 280 bodegas en Canarias".

INTERVENCIÓN COMISIÓN EUROPEA

Relatan que, tras varios años de ampliaciones de pruebas y documentos, la Comisión Europea reunió (ante la Representación Permanente de España ante la Unión Europea) a los responsables del Cabildo en marzo de 2023. Entonces se les exigió hacer cesar esta situación de "competencia desleal" de BITSA, y se les pidió que desde el Cabildo Insular se les cobrara por la utilización y explotación de las bodegas propiedad del Cabildo.

La Asociación continúa que tras la "falta" de resolución por parte de los entonces dirigentes del Cabildo Insular, en 2023, fue finalmente en julio de 2024 cuando, en reunión presencial en la sede de la Dirección General de Competencia de la Comisión Europea su Directora General comunicó a la actual institución insular que, en caso de no cesar en esta conducta anticompetencial, estaba obligada a abrir expediente de incumplimiento.

Tras ello, AVIBO expuso que si el Cabildo Insular comenzaba a cobrar canon de arrendamiento a BITSA y, además, en un plazo "prudencial" la institución retiraba su participación económica vitivinícola, estaba "dispuesta" a no continuar con el citado expdiente de incumplimiento y evitar una merma en las arcas insulares.

Finalmente, en el pleno del Cabildo de Tenerife de este viernes se ha aprobado la propuesta del Grupo de Gobierno relativa al cese del desarrollo de la actividad económica. La iniciativa ha sido respaldada por la mayoría del pleno, con 16 votos a favor y ocho en contra.