LOGROÑO, 1 Feb. (EUROPA PRESS) -
El Consejo de Gobierno ha autorizado hoy un gasto de 120.000 euros para atender la convocatoria pública de subvenciones a la contratación del servicio de vigilancia obligatorio de los cotos de caza de La Rioja.
Tal y como ha explicado este viernes la portavoz del Ejecutivo regional, Begoña Martínez Arregui, "se trata de ayudas que están dirigidas a ayuntamientos, mancomunidades, entidades privadas, y familias y entidades sin ánimo de lucro que podrán concurrir a la citada convocatoria, que aparecerá publicada próximamente en el Boletín Oficial de La Rioja (BOR)".
Para acceder a esta línea de ayudas será indispensable que el coto disponga de plan técnico de caza aprobado y estar al corriente de pago de la matrícula anual de caza y del resto de tasas obligatorias en esta materia.
El servicio de vigilancia obligatoria está contemplado en el Decreto 17/2004, de 27 de febrero, que regula el Reglamento de Caza y en él se establece la obligatoriedad de que todos los terrenos cinegéticos tengan un servicio de vigilancia, que debe estar perfectamente identificado y uniformado. En las reservas de caza, cotos sociales y montes de utilidad pública, esta actuación es asumida por la Dirección General de Medio Natural, a través de la Guardería Forestal.
Por otro lado, el Boletín Oficial de La Rioja publica hoy la convocatoria pública para la concesión de ayudas que faciliten a los cotos riojanos la suscripción de seguros para hacer frente a las indemnizaciones por los daños ocasionados en accidentes de tráfico provocados por la fauna cinegética en terrenos de caza.
El Gobierno de La Rioja destinará 38.000 euros a financiar estas ayudas, cuyos beneficiarios podrán ser los titulares de los terrenos cinegéticos o los adjudicatarios de sus aprovechamientos. El plazo de presentación de solicitudes permanecerá abierto un mes a partir de hoy.
Los titulares de terrenos cinegéticos o los adjudicatarios de los mismos deben cumplir una serie de requisitos para optar a esta convocatoria, entre los que se encuentran tener aprobado y vigente el Plan Técnico de Caza y haber adoptado medidas para evitar daños causados por las especies cinegéticas previstas en dicho plan o, en su defecto, por las establecidas por la Consejería de Medio Ambiente.
