LOGROÑO, 5 Mar. (EUROPA PRESS) -
La defensa del exconsejero de Hacienda Juan José Muñoz, al que el Fiscal le atribuye los delitos de tráfico de influencias y blanqueo, a los que la acusación particular añade estafa, ha creído "poco serio decir que hay una mano detrás" y no ha visto "prueba directa".
La Audiencia Provincial ha celebrado, hoy, una nueva sesión del juicio que salpica a Muñoz por su participación (según las acusaciones) en la construcción y venta del parque solar de Torremontalbo a través de la sociedad Emfrisa, de la que era accionista la mujer del exconsejero, supuestamente usando la influencia de Muñoz, y que acabó vendiéndose a Bellomonte, que se siente estafado.
Para la defensa de Muñoz, "no existe prueba directa" de que Muñoz influyera, de manera ilícita e interesada, en los trámites, pero "mediante deducción" el Fiscal "llega a la conclusión del tráfico de influencias".
Ha añadido que la acusación particular dice que Muñoz "habría cobrado un sobreprecio" por la venta de acciones; lo cual, ha añadido, "ha quedado desmentida por los informes periciales".
La defensa tampoco ha "visto la puesta en escena". Así, ha recordado cómo en una sesión le preguntó al administrador de Bellomonte dónde estuvo "el comportamiento engañoso", y éste dijo que fue después de firmar el contrato, lo cual ha definido como "un despropósito y una salvajada jurídica".
Se ha preguntado cuando la acusación particular "califica como estafa su comportamiento" a cuál se refiere, si "a los mismos que de tráfico de influencias", o se considera estafa "la venta de las acciones a quien después las vende a Bellomonte".
"Si se le condena por tráfico de influencias habrá que definirse la influencia, no decir sólo que es" consejero, ha aseverado al tiempo que ha recordado que "el alcalde" de Torremontalbo "nunca se sintió intimidado ni presionado".
La defensa también ha constatado que uno de los elementos para afirmar que hubo ganancia ilícita fue que no es creíble el pago que recibió la mujer de Muñoz por las acciones y, sin embargo, se demostró que fue un "precio de mercado" que recibieron todos los accionistas y, sin embargo, sólo se imputa delito al exconsejero.
