LOGROÑO, 12 Abr. (EUROPA PRESS) -
La futura Ley regional de Vivienda "protegerá los derechos de los consumidores y luchará contra la especulación", según aseguró hoy el consejero de Vivienda, Antonino Burgos. Así, en el borrador de su anteproyecto, según adelantó, se incluye, entre otros aspectos, un régimen sancionador con multas de hasta 300.000 euros y se le dota de carácter vinculante a la publicidad.
Burgos presentó hoy el borrador de la Ley de Vivienda a representantes del Colegio Territorial de Administradores de Fincas, el Colegio Oficial de Agentes de la Propiedad Inmobiliaria de La Rioja, del colegio Oficial de Aparejadores y Arquitectos y de la Asociación de construcción, Promoción y Afines.
También estuvieron presentes diferentes asociaciones de consumidores, representantes del Ayuntamiento de Logroño y de la Federación Riojana de Municipios. Después, el consejero tiene previsto hacer llegar el texto a los agentes económicos y sociales y a los partidos políticos.
De este modo, añadió Burgos, la Ley podrá entrar en trámite parlamentario antes del 30 de junio "con el mayor consenso de todas las fuerzas". Su aprobación está prevista para el segundo semestre de este año.
Momentos antes de presentar el borrador ante las asociaciones, Burgos explicó a los medios de comunicación que se trata de la primera Ley de Vivienda con que contará La Rioja, ya que, hasta ahora, esta materia se regía a través de decretos. El Ejecutivo, dijo, "ha considerado ahora necesario contar con un régimen que dote a la vivienda de respaldo parlamentario y de seguridad jurídica".
La Ley, aseguró, "promoverá la construcción de vivienda protegida, fomentándola entre los promotores". En la actualidad, ésta supone "entre el diez y el doce por ciento" de la que se construye en la región. La Rioja, según sus datos, es la segunda comunidad, después de Madrid, con más vivienda protegida por cada mil habitantes (excluyendo a Navarra que tiene competencias propias).
En su contenido, la futura Ley especificará la información que debe recibir el comprador acerca de una vivienda; tanto los datos del promotor, como las condiciones de calidad de los materiales y dotará de carácter vinculante a la publicidad.
Además, garantizará que los anticipos que el ciudadano pague revierten en la vivienda y asegurará su recuperación en caso de que no llegue a producirse la venta. La Ley también incluye un régimen sancionador con multas de hasta 3.000 euros para las infracciones leves, de hasta 30.000 para las graves y de hasta 30.000 para las muy graves.
A esto se une que, en caso de demostrarse una especulación, el promotor deberá pagar de multa un veinte por ciento más del beneficio obtenido. "Todo", dijo Burgos, "para garantizar una vivienda de calidad y con seguridad". La Administración, aseguró, "quiere que los promotores sepan que va a actuar con todas las consecuencias para defender a la parte débil, que es el ciudadano".
La conservación de los edificios también se regulará en la ley, con un apartado concreto acerca de cómo debe ser el uso y mantenimiento de las viviendas, los seguros obligatorios y la rehabilitación.
