Los hechos se juzgarán el próximo martes, 7 de febrero
LOGROÑO, 4 Feb. (EUROPA PRESS) -
El Fiscal solicita una pena de 3 años de prisión y una multa de 143.000 euros para una persona y su empresa por un delito de apropiación indebida.
Según el escrito del Fiscal, al que ha tenido acceso Europa Press, los hechos se remontan al 28 de junio de 2010 cuando una bodega -en concurso de acreedores- firmó un contrato de gestión de venta en exclusiva para la venta de sus activos con la empresa acusada en la que el procesado se dedicaba a la intermediación en la compraventa de todo tipo de activos.
En cumplimiento con los estipulado en el contrato, la administración entregó a los acusados las llaves de la bodega situada en Cuzcurrita del Río Tirón. El contrato terminaba el 27 de marzo de 2011.
Tras ello, el 30 de marzo de ese año, expirado por tanto el plazo de duración del contrato, la bodega intentó ponerse en contacto con la mercantil acusada, e incluso le remitió un burofax reclamando el abono de la cantidad resultante por las gestiones de venta, todo ello sin éxito alguno.
Posteriormente, el 6 de abril, "tras conocer que, en contravención con el contrato, personal de la mercantil acusada estaba procediendo a desmontar un depósito de acero de la bodega, la administración concursal intentó comunicar telefónicamente para pedirle explicaciones por esta última venta".
En vista de la falta de respuesta, la administración se personó en la bodega y ordenó paralizar las labores de desmontaje del depósito y exigiéndoles el pago del importe de la venta. En este caso, la empresa acusada ingresó en la cuenta corriente 16.571 euros por este concepto.
Tras numerosos nuevos requerimientos para que procediera al pago total de las operaciones de venta realizadas durante la vigencia de contrato, los acusados han hecho caso omiso a los mismos. La deuda a la concursada es de casi 143.000 euros.
Para el Fiscal estos hechos son constitutivos de un delito de apropiación indebida por lo que procede imponer al acusado una pena de 3 años y 9 meses de multa diaria de 8 euros. Además, a la empresa acusada les pide 143.000 euros.
