Actualizado 28/06/2007 22:24 CET

El PR reclama a la Mesa del Parlamento "disculpas" y resarcimiento económico tras sentencia favorable del TC

LOGROÑO, 28 Jun. (EUROPA PRESS) -

Los diputados regionales del Partido Riojano, Miguel González de Legarra y José Toledo, reclamaron hoy a la Mesa del Parlamento de La Rioja "disculpas", así como un resarcimiento económico, tras conocer el fallo favorable del Tribunal Constitucional, que anula los acuerdos de la Mesa de la Cámara riojana, que en el año 2001 decidió disolver el Grupo Parlamentario del Partido Riojano y modificó la subvenciones que percibían éstos.

Toledo recordó que el 19 de julio de 2001 se presentó un recurso de amparo contra acuerdos de la Mesa del Parlamento de La Rioja, en los que se dictó la disolución del Grupo Parlamentario del Partido Riojano, modificándose las subvenciones a los Grupos Parlamentarios, y se anulaban las cotizaciones a la Seguridad Social de González de Legarra.

Un recurso mantenido durante 6 años, por el "tesón" de los afectados, al "apoyo" del Partido Riojano, y a la "intervención" del abogado logroñés Carlos Coello. La sentencia, dijo Toledo, se ha mantenido "en contra de los servicios jurídicos" de la Cámara riojana, y también del Ministerio Fiscal.

Ahora con la resolución del Tribunal Constitucional se otorga el amparo solicitado por José Toledo y Miguel González de Legarra, y "reconoce nuestro derecho a ejercer cargos públicos". Además, dijo, que "anula" los acuerdos de la Mesa de 19 de abril de 2001, por el que "se acordó la disolución del Grupo Parlamentario del Partido Riojano", así como el de 26 de abril de ese año que "no reconsidera ese acuerdo".

También se anulan el acuerdo de 2 de mayo de 2001 "sobre la incorporación de los recurrente al Grupo Parlamentario Mixto", y de "designación de Miguel González de Legarra como portavoz del Grupo Mixto". Además anula los del 9 de mayo y 22 de mayo de 2001, el primero que "resuelve el funcionamiento del Grupo Mixto", y el segundo "de libramiento de subvenciones a los grupos", así como el del 31 de mayo "relativo a cotizaciones a la seguridad social de un diputado". Todo ello fechado el 18 de junio.

Según apuntó Toledo, la sentencia recoge que "la restricción de los derechos a los parlamentarios, carece de especifica cobertura legal o reglamentaria", además de afirmar que los acuerdos anulados "optaron por la interpretación más lesiva de los derechos de los diputados, alterando las normas que regían su ejercicio".

El parlamentario regionalista aseguró que "son muy contundentes" las aseveraciones del Tribunal Constitucional. Apuntó que la sentencia también recoge que "en estas condiciones, la alteración una vez iniciada la legislatura y con eficacia inmediata, resulta lesiva del derecho fundamental de los españoles recogido en el artículo 23 de la Constitución", puesto que "viene a privar ilegítimamente a los parlamentarios de los derechos básicos de su función representativa".

Toledo afirmó que de todos con la sentencia se concluye que "no se puede restituir el Grupo Parlamentario, puesto que han pasado dos legislatura", algo que González de Legarra matizó explicando que "no era el fin del recurso", sino que buscaban que se respetase sus derechos como diputados, ya que "una vez iniciado el partido, no se pueden cambiar las reglas del juego", apuntó Toledo.

Para el diputado regionalista "es grato" recibir el reconocimiento del Tribunal, al tiempo que afirmó que "es emotivo" el "haber sentado jurisprudencia" a seguir por todos los Parlamentos de España, el Congreso, el Senado, los plenos municipales y todas las instituciones "donde pueda darse un abuso de poder de quien tiene mayoría para interpretar los reglamentos". Subrayó que "será materia de debate en las Universidades".

Toledo apuntó que "defiende la participación de los diputados, incluso por encima de lo que en un momento oportuno pueda interesar a sus partidos", además de "dar consistencia al derecho de las minorías frente a la interpretación anómala que puedan realizar la mayoría". Con la sentencia del TC "prevalece el derecho y la Constitución Española".

Explicó que a efectos prácticos supone el "reestablecimiento de la legalidad, en lo que se pueda, al mes de mayo de 2001". Por ello, reclamó públicamente a la Mesa del Parlamento "un reconocimiento del error cometido y unas disculpas aunque sean leves". Afirmó que una situación como esta en cualquier país europeo "tendría una drástica respuesta esta misma tarde".

González de Legarra recordó que esa acción de disolver el Grupo Parlamentario del Partido Riojano les causó a esta formación una reducción del 50 por ciento de sus retribuciones. Aseguró que tras la disolución del Grupo se escondía "una cuestión política del grupo mayoritario persiguiendo al minoritario para intentar hacerle disminuir su capacidad de acción política".

La sentencia confirma que la "acción jurídica se hizo con una intencionalidad lesiva para los intereses del Partido Riojano, que fue algo perfectamente consciente de la mayoría del Partido Popular". Por ello espera también "satisfacción política", con la petición de disculpas y se reconozca el error.