El PSOE dice que el Gobierno "mete una bofetada" a los mayores de 55 años al "endurecer" acceso a subsidio de desempleo

LOGROÑO 20 Mar. (EUROPA PRESS) -

La vicesecretaria general del PSOE de La Rioja, Beatriz Arráiz, ha asegurado que el Gobierno central ha "metido una bofetada" a los mayores de 55 años al "endurecer" el acceso al subsidio de desempleo. Reclama

En comparecencia de prensa, Arráiz ha apuntado que el pasado viernes el Consejo de Ministros tomó una nueva medida de "endurecimiento" de los requisitos para el acceso de los mayores de 55 años al subsidio por desempleo, así como iniciativas que "endurecían el acceso a las jubilaciones anticipadas". Con ello, "vuelve a sufrir un ataque uno de los sectores más desprotegidos en la crisis, junto a los jóvenes".

La vicesecretaria general socialista ha apuntado que la iniciativa del Ejecutivo central "las rentas familiares van a computar a la hora de tener acceso a ese subsidio, que puede generar situaciones como que una familia con cónyuge e hijo menor de 26 años que esté cobrando algo más de 900 euros, no tenga derecho el cabeza de familia a recibir ese subsidio por desempleo".

En este caso, Arráiz también ha criticado que se trata de una medida que no se ha tomado "desde el diálogo". Además, es una decisión tomada en una coyuntura "marcada por la reforma laboral que abarata el despido, y lo facilita", y en el que España "es el país en el que más han bajado en 2012 los salarios de la Unión Europea".

Para la dirigente del PSOE lo "más grave" es que el Gobierno no ha cumplido recomendaciones que vienen de Europa que pedían que se "apuntalase una estrategia de empleo para los mayores".

Arráiz ha recordado que en La Rioja hay 17.800 personas de más de 55 años trabajando que "podrían hipotéticamente que acogerse al subsidio de desempleo o a jubilación anticipada, a los que se unen 3.200 riojanos de este colectivo que están parados".

Para finalizar, la vicesecretaria general del PSOE riojano se ha mostrado "en contra" de las medidas adoptadas en este ámbito por el Gobierno central, al tiempo que ha exigido que haya "diálogo" con los agentes económicos y sociales.