MADRID, 17 May. (EUROPA PRESS) -
La Federación Regional de Asociaciones de Vecinos de Madrid (FRAVM) y Ecologistas en Acción y se concentrarán hoy ante la sede del Ministerio de Medio Ambiente, en la plaza de San Juan de la Cruz, para denunciar "el insostenible crecimiento, la caótica proliferación de estaciones base de telefonía móvil y el significativo aumento de la contaminación electromagnética".
La FRAVM señaló, a través de un comunicado, que la legislación estatal vigente fue aprobada por el Gobierno del PP atendiendo "sólo a los intereses de grandes operadoras". Asimismo, acusó al actual Ejecutivo de estar "incumpliendo claramente el programa electoral del PSOE, que se comprometía a aprobar una normativa de niveles de exposición mucho más restrictivos".
Según la plataforma vecinal, las administraciones "anteponen los intereses económicos a la salud de las personas", ya que "sólo han aceptado estudios que tranquilizan a la población". Sin embargo, señalan que dos recientes estudios de campo, uno realizado en Alemania y otro en Israel, "han constatado un aumento de entre 3,5 y 4,15 de las probabilidades de contraer cáncer en el radio de acción de 400 metros alrededor de una antena de telefonía móvil".
Asimismo, las organizaciones pertenecientes a la FRAVM apuntan que el Proyecto Reflex, un estudio financiado por la Unión Europea en el que han participado 12 países, concluye que las ondas electromagnéticas de telefonía móvil "producen alteraciones del ADN que transporta la información genética en el núcleo de las células y cambios en éstas".
EFECTOS SOBRE LA SALUD PÚBLICA
En este contexto, las organizaciones convocantes consideran necesario el desarrollo de "un programa público estatal e independiente, no subvencionado por las operadoras de telefonía, que estudie los efectos sobre la salud pública de la contaminación electromagnética, particularmente sobre las personas electrosensibles".
Del mismo modo, reclaman la modificación de la Ley General de Telecomunicaciones, el establecimiento de un valor límite de exposición ciudadana a la contaminación electromagnética, la elaboración de un mapa radioeléctrico urbano y la obligación para las empresas de telefonía de "informar y justificar la instalación de estaciones base, así como de estudiar localizaciones alternativas".
