"Vamos a contestar en dos meses con toda la trasparencia y con toda la colaboración que tienen que tener las instituciones"
MADRID, 4 Abr. (EUROPA PRESS) -
La concejala de Urbanismo e Infraestructuras del Ayuntamiento de Madrid, Pilar Martínez, aseguró que la decisión adoptada por la Comisión Europea sobre las obras de la M-30 "lo único que hace es abrir un debate jurídico en torno a un procedimiento utilizado, y bien venido sea ese debate jurídico porque que argumentar en Derecho, y en Derecho vamos a contestar en el plazo de dos meses con toda la trasparencia y con toda la colaboración que tienen que tener las instituciones".
En declaraciones a Europa Press, Pilar Martínez dijo que la Comisión Europea ha decidido remitir al Ayuntamiento de Madrid una carta de emplazamiento a través de la embajada del Estado español, por lo que supone que llegará al Consistorio madrileño mañana o pasado. "Una carta de emplazamiento lo que hace es abrir un procedimiento administrativo, pero no está diciendo que haya una infracción".
Según la concejala, lo que hace la Comisión Europea "es pedir al Ayuntamiento de Madrid que le mande los estudios para comprobar si el procedimiento seguido en el proyecto Madrid Calle 30 se ajusta o no a la legislación comunitaria. Nos dan un plazo de dos meses y nosotros mandaremos en ese tiempo toda la documentación. A partir de ahí la Comisión enjuiciará, valorará y dirá lo que corresponda. Ése es el proceso en el que estamos ahora".
La responsable de Infraestructuras del Ayuntamiento insistió en que "en modo alguno se puede decir que haya una infracción en las obras de la M-30 sino lo que está diciendo la Comisión es que va a valorar si el procedimiento seguido por el Ayuntamiento de Madrid se ajusta a la legalidad vigente. Eso es todo".
LOS TRIBUNALES NUNCA DIERON LA RAZÓN A LA OPOSICIÓN
Recordó que siempre que ha habido denuncias de la oposición contra el Consistorio madrileño en los tribunales por estas obras se han producido sentencias --ya van cinco-- que nunca les han dado la razón a los denunciantes. "Los tribunales de Justicia españoles siempre han dado la razón al Ayuntamiento de Madrid en el procedimiento seguido", dijo Martínez a Europa Press.
"Igualmente cuando se solicitó el procedimiento a seguir a la autoridad competente, que es la Comunidad de Madrid, la Comunidad decidió hacer una consulta al Consejo de Estado, y este organismo es el que dice que el procedimiento a seguir por el Ayuntamiento de Madrid no es el de declaración de impacto ambiental", prosiguió Pilar Martínez.
Concluyó diciendo que "la Comunidad, al seguir ese procedimiento, nos exige una serie de prescripciones y estudios que el Ayuntamiento elabora y presenta, y con eso se nos da autorización para hacer esa obra".
