Abogacía del Estado rechaza que se reabra la causa contra el novio de Ayuso por no pedir la prórroga de la instrucción

MADRID 15 Oct. (EUROPA PRESS) -

La Abogacía del Estado, en representación de la Agencia Tributaria, ha solicitado a la Audiencia Provincial de Madrid que rechace el recurso interpuesto por Alberto González Amador contra la decisión judicial de negarle la práctica de diligencias en la causa ya cerrada relativa a un presunto fraude fiscal al no haber solicitado la prórroga del procedimiento.

Así consta en un escrito, al que tuvo acceso Europa Press, en el que esta parte reclama que se desestime el recurso de apelación presentado contra al auto de 21 de julio que desestima el previo recurso de reforma presentado frente al auto de 28 de mayo que denegaba la práctica de diversas diligencias de instrucción.

A finales de septiembre, la jueza sustituta del juzgado de Instrucción número 19 de Madrid, la magistrada Carmen Rodríguez Medel, abrió juicio oral contra González Amador por un presunto fraude fiscal de 350.000 euros en los ejercicios fiscales de 2020 y 2021, así como supuesta pertenencia a grupo criminal.

En las alegaciones, el abogado del Estado expone que las declaraciones testificales cuya admisión y práctica reclama el recurrente fueron solicitadas en virtud de escrito de fecha 12 de mayo de 2025, y denegadas en virtud de auto de fecha 28 de mayo de 2025, habiendo transcurrido el plazo de instrucción sin que se haya acordado su práctica.

"El recurrente no ha pedido en ningún momento una prórroga del plazo de instrucción 'ad cautelam' en línea con su estrategia de recurrir la denegación de diligencias de instrucción, ni tampoco solicita en su recurso la retroacción de las actuaciones, ni que la eventual decisión de admisión de diligencias que reclama a esta Sala tenga efecto retroactivo", señala el abogado del Estado.

De igual modo, el fiscal del caso ha rechazado en otro escrito que se incorpore un informe pericial a petición de la defensa y asegura que este movimiento procesal supone una "maniobra dilatoria" del procedimiento ante la apertura de juicio oral ya dictada y que "no debe ser aceptado".

En su escrito de acusación, el fiscal y el abogado del Estado solicitan tres años y nueve meses de cárcel para González Amador por dos delitos fiscales en concurso medial con falsedad documental. Mientras que la acusación que ejerce el PSOE y Más Madrid elevaba la petición de pena a cinco años de prisión al incluir un delito contable y otro de pertenencia a grupo criminal.

En cuanto a González Amador, se sentara en el banquillo de los acusados por un delito contra la Hacienda en relación al impuesto sobre sociedades del ejercicio 2020 en concurso medial con un delito de falsedad en documento mercantil; y otro similar en relación al ejercicio 2021. De igual modo, se le juzgará por un delito continuado contable y otro delito de pertenencia a grupo criminal.

INTENTO DE RETRASAR EL JUICIO

La apertura de juicio se dictaba poco después de que la jueza rechazara el intento de la defensa del novio de Ayuso de retrasar esta decisión hasta la resolución de los recursos interpuestos contra el procesamiento al no apreciar "causa para ello".

Las diligencias se abrieron a raíz de una denuncia formulada por el Ministerio Fiscal. La investigación se centra en los indicios delictivos sobre hechos relativos al Impuesto de Sociedades correspondientes a los ejercicios de los años 2020 y 2021.

El pasado 24 de febrero, el novio de la presidenta regional se negara a declarar ante la magistrada. González Amador se acogió a su derecho a no declarar por consejo de sus letrados hasta que se resolviera el recurso que estaba entonces pendiente sobre la apertura de la pieza separada.

Una semana después la Audiencia Provincial de Madrid avaló que se investigarán otros ilícitos penales diferentes a los que se instruyen ya en la causa principal.

En el marco de este procedimiento, González Amador documentó durante su declaración ante la jueza los ingresos obtenidos de Quirón Prevención y negó su ocultación a través de una supuesta sociedad instrumental para evitar la tributación ante Hacienda.

"GASTOS FICTICIOS"

La denuncia de la Fiscalía se sustentaba en un informe de la Agencia Tributaria que exponía que se detectaron "unos gastos ficticios basados en facturas emitidas por diversas sociedades".

"Gastos que no se corresponden con servicios realmente prestados y todo ello con la finalidad de ingresar en el erario público menor cantidad de la que le correspondía abonar por el Impuesto de Sociedades de los Ejercicios 2020 y 2021", recoge la denuncia del fiscal.

En 2022, la Fiscalía recibió de la de la Agencia Tributaria un informe referido a la entidad Maxwell Cremona Ingeniería y Procesos Sociedad para el Fomento del Medioambiente del que se deduce "determinados datos e indicios sobre hechos relativos al Impuesto Sobre Sociedades correspondiente a los ejercicios del año 2020 y 2021 que pudieran resultar constitutivos de delito".

El informe hablaba de dos delitos contra la Hacienda Pública al resultar "un fraude tributario cuantificado por la Inspección de Hacienda en cuantía superior a 120.000 euros y de un presunto delito de falsedad en documento mercantil al haberse aportado unas facturas que no se corresponden con servicios realmente prestados y aportadas con la finalidad de minorar la cuota tributaria a satisfacer".