Alfredo Perdiguero sostiene que basa sus informaciones en los antecedentes policiales del chico
MADRID, 11 Sep. (EUROPA PRESS) -
La defensa de la familia del menor asesinado en la zona Azca elevará una queja ante la Jefatura Superior de Policía de Madrid contra el secretario general de Madrid de la Unión Federal de Policía (UDF), Alfredo Perdiguero, por acusarlo de pertenecer y liderar la banda latina de 'Dominican Don't Play'.
El gabinete jurídico 'Sentencia' remitirá la protesta después de que Perdiguero participara anoche en el programa 'Rojo y Negro', de Telecinco, donde imputó al menor fallecido el delito de pertenencia a banda, como jefe intermedio
El despacho de abogados pretende que se adopten las medidas necesarias para impedir situaciones similares en el futuro, no descartando el inicio de acciones legales contra su persona.
Por su parte, Perdiguero aseguró a Europa Press que sus informaciones están basadas "en los antecedentes policiales" de este chico que le han transmitido sus compañeros de la Brigada de Información y de la de Homicidios.
"Todo lo que he dicho es comprobable a nivel judicial", recalcó el portavoz de la UFP, quien advirtió a este gabinete que se atenga a los consecuencias de "una denuncia falsa". "Como policía, he dicho la versión policial real, basándome en las declaraciones y en los antecedentes policiales", arguyó.
PROTECCIÓN DE LOS MENORES
Según la letrada Cynthia Favero, esta imputación requiere de "una sentencia judicial condenatoria y no una simple manifestación por parte de una persona" que "ni pertenece a la Brigada de Información, ni a la de homicidios, ni ha participado de manera ninguna en la investigación de los hechos", recalcó.
"No ha sido autorizado por la Jefatura Superior de Policía a intervenir en un programa de Televisión, ni es voz autorizada de la misma, ni competente para realizar dichas manifestaciones en nombre del cuerpo policial, y que probablemente de pertenecer al mismo de manera activa y no sindicada, se le hubieren abierto expediente disciplinario por su incorrecta conducta, cuanto menos", añadió el despacho de abogados.
Favero insistió en que los menores de edad gozan de protección, y "ni los datos ni sus antecedentes pueden ser divulgados por un funcionario público y máxime cuando causan un grave daño al honor de la victima y de su familia, siendo además falsos, pues sus declaraciones son carentes de todo rigor y faltan a la verdad".
