MADRID, 6 Jun. (EUROPA PRESS) -
El abogado que defendió ante los tribunales lo que el PSOE consideraba "fraudes de ley" en los trabajos de soterramiento y ampliación de la M-30, Manuel de la Rocha, ha opinado en la comisión de investigación que el Gobierno de la Comunidad "se puso de perfil" en todo lo relacionado con la demanda de declaración de impacto ambiental para, a renglón seguido, hablar de intereses partidistas para terminar unos trabajos, comparando los veinte años que se tardaron en construir la circunvalación de París con los cuatro de la madrileña.
"En unas obras de estas características obviamente se requiere declaración de impacto ambiental. No se puede eludir algo que afecta al interés general", ha contestado a preguntas de todos los grupos municipales. En la sesión ha apuntado que "se quiso acelerar las obras por intereses políticos".
El primer supuesto fraude de ley señalado por el PSOE fue el cambio de nombre, pasando de carretera a calle, mediante el convenio entre el Ministerio de Transporte y el Ayuntamiento para la cesión de la vía. Con este "subterfugio", en palabras del abogado, el Consistorio pretendía eludir la literalidad del decreto de la Comunidad, que obligaba a pasar declaraciones de impacto ambiental cuando se hablaba de carreteras.
El segundo presunto fraude de ley tuvo que ver con el informe del Consejo de Estado. Dicho informe establecía que no se necesitaba declaración ambiental en tramos aislados pero no para el conjunto de la obra, que alcanzaba un total de 99 kilómetros de longitud, 56 de ellos bajo túnel. El tercer fraude de ley estaría directamente entroncado con el fraccionamiento de la obra, de modo que "se presentaron 17 proyectos para que, uno a uno, no tuvieran necesidad de declaración de impacto ambiental".
Esto estaba ligado directamente con el acuerdo alcanzado entre el Ayuntamiento y la Comisión Europea con un acto de convalidación por el que los proyectos ya ejecutados se quedarían sin declaración de impacto ambiental para realizarse a posteriori y en los que faltaban, tres proyectos, el Ayuntamiento renunció a ejecutarlos. La Justicia declaró nulos los primeros acuerdos.
"Las obras fueron ilegales y los acuerdos nulos cuando se adoptaron. Otra cosa es que luego se ejecutaran esos compromisos asumidos con la Comisión Europea para la convalidación de actos", ha remachado el abogado y exalcalde de Fuenlabrada.
Manuel de la Rocha ha apuntado que si la Justicia hubiera aprobado la suspensión cautelar de las obras en sus inicios, teniendo en cuenta la afección medioambiental de las obras como un proyecto único, los trabajos se habrían retrasado "uno o dos años".
