El escrito de las fiscales concreta los indicios contra Clemente por la percepción de dádivas de la red corrupta
MADRID, 26 Ene. (EUROPA PRESS) -
La Fiscalía Anticorrupción se ha opuesto a la solicitud de sobreseimiento en el proceso penal que investiga el 'caso Gürtel' de la imputación del ex viceconsejero de Inmigración y Cooperación de la Comunidad de Madrid Carlos Clemente Aguado ante la concurrencia de "bastantes" indicios incriminatorios que le implican de forma directa con la trama corrupta liderada por Francisco Correa.
En un escrito fechado el pasado 12 de enero, las fiscales adscritas al caso aseguran que "concurren bastantes indicios de la percepción de dádivas por parte de Carlos Clemente Aguado durante el tiempo que ocupó los cargos de director general de Inmigración y de viceconsejero en este área de la Comunidad de Madrid".
La instrucción del 'caso Gürtel' se encuentra en su fase final, por lo que el magistrado instructor Antonio Pedreira está concretando las imputaciones. Por ahora, se ha sobreseído la causa respecto a los abogados Manuel Delgado y José Antonio López Rubal, así como la de la ex concejal de Pozuelo Yolanda Estrada.
De este modo, Anticorrupción argumenta que "la fuente principal de tales indicios", que se corroboran con la declaración de la imputada Isabel Jordán, son "los archivos informáticos intervenidos en una memoria externa que recoge fundamentalmente los ingresos y gastos opacos del grupo de sociedades y personas investigadas en este procedimiento".
Así, en los apuntes de la contabilidad B de la trama corrupta figuran dos pagos a Clemente, con fecha 17 de mayo de 2006 y 11 de julio de 2006, de 10.000 euros y 3.600 euros respectivamente. Por ello, concluyen que "la percepción de dádivas se vería confirmada por dichos apuntes", lo que implicaría la comisión de un delito de cohecho tipificado en el artículo 422 del Código Penal.
Asimismo, agrega que constan numerosos contratos celebrados entre la Consejería de Inmigración y las sociedades del entorno de Francisco Correa adolecían de irregularidades, según consta en diversos informes que obran en la causa.
"En particular, se fraccionaban los contratos con el fin de evitar procedimientos de concurso o negociado", apuntan las fiscales, que indican que ello deriva en la comisión de un delito de cohecho del artículo 429 del Código Penal.
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