El CES debatió hoy el proyecto de reforma, que da más competencias en autorización, inspección y sanción de la red eléctrica a la región
MADRID, 26 Sep. (EUROPA PRESS) -
La Asamblea de Madrid emprenderá próximamente la reforma de la Ley que regula la garantía de suministro eléctrico en la región, con el fin de adecuarla a la nueva división de la red y a la variación de las cuantías de las multas que fija la Ley estatal aprobada en julio pasado. El Consejo Económico y Social de la Comunidad de Madrid (CES) se reunió hoy para tratar esta modificación y analizó la división de la red de transporte de energía eléctrica en dos redes diferenciadas, la de transporte primario y secundario, abriendo la posibilidad de que los distribuidores sean titulares de ciertas instalaciones de está última y asignando a las comunidades autónomas las competencias de autorización, inspección y sanción de la red de transporte secundaria cuando ésta no exceda su ámbito territorial.
Asimismo, la ley nacional varía la cuantía de las sanciones que puedan imponerse por las infracciones en el suministro de la energía. Estos dos nuevos puntos implican modificar la ley regional.
El anteproyecto de Ley de reforma comprende un artículo único, que amplía el ámbito de aplicación regional a las instalaciones de transporte secundaria que sean competencia de la Comunidad de Madrid, y que incorpora también a las empresas transportistas de energía eléctrica, además de las empresas distribuidoras
TIPO DE INFRACCIONES Y CUANTÍA DE LAS MULTAS
El anteproyecto de ley considera, entre otros motivos, infracciones muy graves la interrupción de suministros esenciales y la prestación general por un tiempo superior a 24 horas cuando de ello se deriven daños graves en la actividades desarrollada y graves perjuicios para la población afectada, "plazo que de repetirse consecutivamente sin solucionarse la respectiva incidencia, se convierte en una infracción diferenciada", según indica el informe del CES al que tuvo acceso Europa Press.
Serán infracciones graves esas interrumpiciones cuando no se deriven graves perjuicios para la población afectada y la falta de dotaciones mínimas de equipos auxiliares de emergencias, entre otros factores. Además, la modificación legislativa se incorpora un nuevo tipo de infracción grave referida al incumplimiento de las instrucciones relativas a la ampliación, mejora, adaptación de las redes e instalaciones eléctricas para la adecuada prestación del servicio y la continuidad del suministro y se incorpora un el concepto de numero de horas de interrupción del servicio.
Por último, se establecen como infracciones leves las que incumplan la ley estatal y no tenga carácter de grave o muy grave, entre otras, el incumplimiento de la formalización de los contratos de suministro, así como las faltas en los cambios y contratación del suministrador.
Respecto a la cuantía de las multas, se multiplica por diez las previstas en la anterior ley. Así, las infracciones leves se sancionarían ahora con multas de hasta 600.000 euros, las graves con multas de entre 600.000 y 6 millones de euros y las muy graves con sanciones de entre 6 y 30 millones de euros. A su vez, se establece un plazo máximo de un año para resolver y notificar los expedientes tramitados.
Por ultimo, el Consejo Económico y Social de Madrid recomendó analizar el régimen sancionador ante la posible colisión del principio 'non bis in idem', es decir, el que impide multar dos veces por el mismo hecho. Por eso, considera que los problemas de interpretación podrían resolverse haciendo referencia expresa a la graduación de las multas "con el objeto de introducir un criterio objetivo para determinar la gravedad de las infracciones y la cuantía de las sanciones", según el estudio del CES.
El Informe preceptivo del CES, que no es vinculante, pasará al Consejo de Gobierno de Política Económica y Social de la Comunidad de Madrid para su análisis. Posteriormente, el proyecto se tramitará en la Asamblea regional. A la reunión acudieron representantes de UGT, CC.OO, de la patronal de empresarios de Madrid y expertos de la Administración autonómica.
Andalucía
