El Ayuntamiento precinta la tienda Becara por orden del juez hasta que tenga las licencias correspondientes

Europa Press Madrid
Actualizado: miércoles, 23 diciembre 2009 15:09

MADRID 23 Dic. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Madrid ha precintado hoy la tienda de decoración Becara, situada en la calle Juan Bravo, tras un fallo judicial del pasado 9 de diciembre en el que se obliga al cese de la actividad de la tienda "hasta que disponga de las oportunas licencias".

La Dirección General de Ejecutivo y Control de la Edificación ha ejecutado la orden judicial y ha colocado el cartel del precinto en la puerta del establecimiento. Becara, asimismo, ha colocado una información en la que lamenta "tener que cerrar la tienda" durante los próximos días e insta a sus clientes a que visiten sus sucursales en varios centros comerciales.

En la sentencia del Juzgado de lo Contencioso Administrativo número 22 de Madrid, a la que se ha tenido acceso Europa Press, el magistrado señala que ni consta ni se justifica ni tan siquiera se alega que la Administración haya hecho efectiva la orden de cese de actividad durante el periodo comprendido entre la notificación de la firmeza de la sentencia, "ni tan siquiera entre el que va desde que se acordó su acatamiento el 2 de abril de 2009 y el 1 de julio en que se otorgó la licencia que se aduce".

El juez asegura que el local sigue careciendo de licencias que amparen las obras de reconfiguración, acondicionamiento o modificación que son objeto de este pleito, "al punto de que sigue en tramitación una nueva licencia para legalizar (si es posible) parte de esas obras (la de la escalera)". "No consta ni se justifica que el Ayuntamiento haya hecho efectiva la orden de cese de actividad, incluso constándole que las instalaciones carecen de todas las licencias necesaria, como reordenaba la sentencia ejecutoria", agregó.

Asimismo, la sentencia, que confirma otras anteriores en este sentido, señala que se ha evidenciado una "mala fe evidente" por parte del Ayuntamiento, "cuya voluntad renuente a dicho cumplimiento ha quedado patente", además de "haber sostenido una posición y unos alegatos inaceptables en términos de buena fe procesal, que justifican la plena imposición a la misma de las costas de este incidente, como se dirá".

'CASO BECARA'

El llamado 'caso Becara' se inició a instancias de una denuncia interpuesta por María Adelaida Rodríguez-Patón y Juan Mariano Goyeneche, vecinos del edificio de la calle Juan Bravo. Esta familia dio cuenta al juez Torres de una serie de irregularidades cometidas supuestamente por responsables de la Gerencia Municipal de Urbanismo en la concesión de licencias a Becara.

La titularidad del local corresponde a la mercantil BZ Asuntos de Familia, S.L., cuyo apoderado es el ex diputado del PP Jorge Trias Sagnier, marido de una de las propietarias. El ex gerente de Urbanismo Luis Armada otorgó en 1998 y 1999 la licencia de obras y apertura. En marzo de 2000, Becara abrió sin licencia de funcionamiento porque se le denegó por quebrantar la normativa urbanística al ser un edificio calificado de fuera de ordenación.

Esta denominación obliga a mantener la misma actividad que tenía cuando se concedieron las primeras licencias. Anteriormente, la actividad era de compra y venta de vehículos. El inicio de funcionamiento de la tienda sin licencia propició que el Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJM) declarase ilegal el local por infringir la norma urbanística. Por ello, el Alto Tribunal madrileño anuló en 2005 un permiso de funcionamiento que autorizó el Consistorio de Madrid.

El pasado 30 de noviembre el juez Santiago Torres informó al concejal-presidente del distrito de Salamanca, Íñigo Henríquez de Luna, de su imputación por un delito de tráfico de influencias en esta causa relacionada con presuntas irregularidades en la concesión de licencias de esta afamada tienda ubicada en plena 'Milla de Oro' de la capital.

El propio Íñigo Henríquez de Luna ya declaró cuando se inició el proceso que todo se debía a una "venganza" contra él por parte de la familia demandante, los Goyeneche, por las acciones restrictivas de la Junta llevadas a cabo ya que siempre se han mostrado "celosos con la legalidad urbanística".

Contenido patrocinado