La filial ha convocado a sus socios para nombrar una nueva Junta Directiva tras la polémica
MADRID, 11 Oct. (EUROPA PRESS) -
La Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) ha comunicado este jueves el embargo por parte de la Fiscalía General de Colombia de las acciones que Canal de Isabel II, a través de la empresa intermediaria Inassa, tiene en Triple A, la filial que gestiona el agua en Barranquilla, en el norte de este país, y ha anunciado que la empresa madrileña se personará para defenderse en los "próximos días".
Según la CNMV, Canal ha tenido conocimiento de que "por parte de la Fiscalía General de Colombia se había adoptado un acuerdo, por virtud del cual, se había ordenado la suspensión del poder dispositivo, embargo y secuestro de las acciones de Inassa, sociedad controlada indirectamente por Canal de Isabel II en Triple A de Barranquilla", que suponen el 82 por ciento del capital social de Triple A.
El organismo supervisor añade que Canal ha tenido conocimiento, este miércoles, de la convocatoria de la Asamblea General (Junta de Socios) de Triple A, para, entre otras cuestiones, el nombramiento de una Junta Directiva que sustituya al órgano de administración vigente hasta la fecha.
Asimismo, se hace eco de que el mismo miércoles se ha publicado que Moody's y Fitch mantienen el aprobado alto de Canal de Isabel II, a pesar del embargo de su participación en Triple A.
"En relación con las informaciones anteriores, la sociedad (Canal) emprenderá todas las actuaciones y acciones a su alcance para defender sus derechos y garantías ante la medida impuesta por la Fiscalía General de Colombia", señala la CNMV.
A este respecto, indica que en los próximos días Canal tiene previsto "personarse ante el Juez de Control de Garantías, a través de sus representantes en Triple A e Inassa, para defender los intereses de Inassa, de sus accionistas y de los accionistas de Triple A, con el fin de preservar sus derechos económicos y patrimoniales".
Asimismo, agrega que la empresa madrileña "quiere hacer constar que lleva prestando servicios en y para el Distrito de Barranquilla desde hace 17 años, con total eficiencia y responsabilidad".
Según explicó la Fiscalía en un comunicado, entre 2000 y 2017 se detectaron supuestos pagos fraudulentos a través de un "contrato de asistencia técnica" que habrían causado un daño patrimonial en la compañía Triple A cercano a 236.853 millones de pesos --unos 68 millones de euros--.
Además, según la Fiscalía, habría evidencias de "desviación irregular de recursos para beneficiar a terceros", algo que ha motivado la prohibición de salir del país a varios directivos, un total de ocho, cinco de ellos españoles, a los que ha impuesto también multas.
