MADRID 4 Oct. (EUROPA PRESS) -
El juez de la Audiencia Nacional Santiago Pedraz ha comenzado a tomar declaración a los imputados por la comisión de un delito contra altos organismos de la nación a los que se acusa de promover las protestas celebradas el pasado 25 de septiembre en los alrededores del Congreso de los Diputados y que instaban a rodear el edificio parlamentario.
Pedraz imputó a ocho personas, una de las cuales no ha acudido a la Audiencia y ha aportado al magistrado titular del Juzgado central de Instrucción número 1 un parte médico alegando una enfermedad que le ha impedido el traslado, informaron a Europa Press fuentes jurídicas.
El magistrado cursó las citaciones tras una investigación policial en la que se procedió a la identificación de varios participantes en las asambleas organizativas de la manifestación que fueron previas a su celebración.
En las diligencias previas abiertas por el Juzgado Central de Instrucción número 1 obran también informes sobre la difusión de la convocatoria que circularon en distintas redes sociales como Facebook y Twitter.
Según consta en la citación judicial, los ocho imputados están acusados de cometer un delito tipificado en el artículo 494 del Código Penal, que establece pena de prisión de seis meses a un año o multa de doce a veinticuatro meses para aquellos que "promuevan, dirijan o presidan manifestaciones u otra clase de reuniones" ante el Congreso, cuando este esté reunido, "alterando su normal funcionamiento".
En el marco de la investigación Pedraz ha reclamado, además, el diario de sesiones del Congreso de los Diputados correspondiente a la jornada de las protestas. En una providencia a la que tuvo acceso Europa Press el magistrado solicitó que se recabe de la página web de la cámara baja el acta de la sesión del pasado día 25.
Según han indicado fuentes jurídicas, la intención de Pedraz es estudiar el desarrollo de la sesión con la intención de comprobar si las protestas alteraron su normal funcionamiento.
El juez tiene pendiente además responder a la inhibición cursada por la magistrada de instrucción de Madrid Rosario Espinosa relativa a los desórdenes provocados por los 35 detenidos en las inmediaciones del Congreso el día de la protesta.