MADRID, 22 Sep. (EUROPA PRESS) -
La comisión electoral de Caja Madrid abordará mañana la impugnación, aprobada el pasado jueves por la Junta de Gobierno del Ayuntamiento de Madrid, de la aplicación de la Ley autonómica de cajas de ahorros en el proceso electoral de la entidad.
La pasada semana la misma comisión llevó a cabo un debate sobre esta cuestión pero, al no presentarse el documento oficial del Consistorio, el tema quedó aplazado al encuentro de esta semana.
El Ayuntamiento busca que se anulen las solicitudes enviadas por la comisión electoral a la Asamblea de Madrid (53), los ayuntamientos (80) y las entidades representativas (62) para que presenten los nombres de sus representantes en la asamblea general antes del 9 de octubre, al considerar erróneo el reparto entre sectores de los 64 consejeros cedidos por la Casa Real, al excluir a las corporaciones locales.
Fuentes de la comisión señalaron a Europa Press que, en principio, recibirán el documento del Ayuntamiento y analizarán cómo darle curso desde el punto de vista legal, puesto que lo que plantea es una interpretación de la Ley que escapa de la capacidad de este órgano. Por ello, no se descarta que los miembros de la comisión remitan la impugnación al consejo de administración, a la secretaría general de la entidad o incluso que pidan a la Casa Real que vuelva a pronunciarse sobre la cesión de los representantes que le corresponden, puesto que cuando emitió la carta de renuncia en noviembre pasado el marco legislativo era otro.
El delegado de Hacienda de Madrid, Juan Bravo, ya ha avisado de que si la Comisión de Control de Caja Madrid no atiende a su impugnación sobre el reparto de los representantes de la Corona entre los sectores de la asamblea de la entidad, el Ayuntamiento acudirá al juzgado contencioso administrativo y al civil para solicitar una revisión de la constitucionalidad de la Ley de Cajas de la Comunidad de Madrid.
En declaraciones a Europa Press, el concejal explicó que la impugnación contra el reparto de los representantes de la Corona se debe a que, en el momento que la entidad fundadora renunció a dichos puestos en la asamblea general de la Caja, el pasado mes de noviembre, "aún estaba en vigor la Ley de 2003, que preveía expresamente que, en estas circunstancias, los representantes de la Corona acrecentarían proporcionalmente por igual a todos los sectores".
Es decir, que se repartirían entre impositores, empleados, entidades representativas, Asamblea de Madrid y corporaciones locales de manera proporcional. Por contra, la Ley de Cajas aprobada en enero de este año establece que, en caso de renuncia de la Corona, "sólo se acrecenta a las entidades representativas y a la Asamblea de Madrid, que es tanto como decir a la Comunidad de Madrid porque a las entidades representativas las designa el consejero", apostilló Bravo.
Así, los responsables municipales no entienden "esta discriminación" y consideran que, al menos de momento, sólo se ha producido un problema de "derecho transitorio" que es subsanable mediante la rectificación, el próximo miércoles, de la Comisión de Control.
"Como cuando entra en vigor la nueva Ley la Corona ya había renunciado y había un proceso de adjudicación anterior, la renuncia tiene que acrecentar por igual a todos los sectores en aplicación de la ley en vigor en ese momento, lo que generaría un incremento de los representantes de los impositores y de las corporaciones locales en detrimento de la Asamblea, los empleados y las entidades representativas", añadió el edil.
Es decir, que la impugnación "pone de relieve el argumento de que, por la aplicación del derecho transitorio, la Comisión Electoral no ha aplicado bien el número de consejeros que corresponde a cada sector".
Sin embargo, si la Comisión de Control resuelve negativamente este recurso, el Ayuntamiento acudirá a los tribunales, concretamente presentando sendos recursos ante el contencioso-administrativo y ante el civil, donde harían la misma petición de aplicación del derecho transitorio, pero añadiendo además "una cuestión de inconstitucionalidad".
"Solicitaríamos del juez que analizara la posible inconstitucionalidad de la Ley autonómica por no respetar la Ley de Órganos Rectores de Cajas de Ahorro (LORCA) en el sistema de reparto de los representantes de la entidad fundadora, la Corona, en caso de renuncia, y pediríamos la suspensión cautelar del proceso electoral", concluyó.
