MADRID, 2 Mar. (EUROPA PRESS) -
El Comité Federal del PSOE aprobará mañana, sábado, sus listas a la Comunidad de Madrid, al Ayuntamiento de la capital y a otros 16 municipios de la región con más de 50.000 habitantes después de que la Comisión Federal de Listas introdujera hoy "pequeños ajustes consensuados con las partes" en las candidaturas de Móstoles y Alcobendas.
Así lo indicó a Europa Press el secretario de Organización del Partido Socialista de Madrid (PSM) y miembro de la Ejecutiva Federal del PSOE, Andrés Rojo, quien apuntó que las modificaciones en estas dos candidaturas "satisfacen a todas las partes" y configuran "buenos equipos de trabajo y perfiles para gobernar".
Los cambios introducidos no variarán los primeros puestos de las candidaturas de Móstoles y Alcobendas, que seguirán estando lideradas, respectivamente, por la diputada regional Paz Martín y el alcalde José Caballero. Rojo también señaló que las candidaturas a la Comunidad y el Ayuntamiento de Madrid, encabezadas por Rafael Simancas y Miguel Sebastián, respectivamente, "no experimentarán cambios".
SIN CAMBIOS EN VALDEMORO
En relación con la lista de Valdemoro, que ha motivado que la dirigente elegida por la agrupación local, Eva Borox, iniciara ayer un encierro tras haber sido reemplazada por Margarita Peña, Rojo indicó que el Comité Federal avalará la candidatura aprobada por la Comisión Regional de Listas y el Comité Regional.
En este sentido, calificó de "circo" las protestas de Borox, organizadas con "la indispensable ayuda del alcalde de Valdemoro, del PP, y de Telemadrid", y volvió a preguntarle "por qué no defendió su candidatura en el último Comité Regional, en el que recogió los documentos y se marchó".
MEDIDAS CONTRA LA ESPECULACIÓN
El Comité Federal del PSOE, máximo órgano de decisión de los socialistas entre congresos, también aprobará mañana el programa marco del PSOE de cara a las próximas elecciones autonómicas y municipales, que incluye medidas de "tolerancia cero" contra la corrupción urbanística.
La medida, adoptada después de que estallaran escándalos urbanísticos como el de Ciempozuelos, recoge toda una serie de medidas para "imposibilitar la transacción mercantil de las potestades públicas a cambio de la facultad de reclasificar o recalificar suelos, lo que vulnera "flagrantemente" la función pública del urbanismo.
Una de ellas prevé "limitar las modificaciones del plan que conlleven reclasificaciones puntuales de suelo urbanizable" y que deben ser "excepcionales" e "ineludiblemente" posteriores a la revisión del Plan General.
