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El ahorro acumulado desde 2009 alcanza los 90 millones y se han ordenado 19.138 altas al considerar que eran bajas no justificadas
MADRID, 14 May. (EUROPA PRESS) -
La Comunidad de Madrid ha conseguido el año pasado un ahorro de 39,2 millones de euros gracias a su programa para detectar bajas laborales no justificadas entre el personal de la administración regional y merced a la aplicación del decreto ley 20/2012 del Ejecutivo central que modifica las compensaciones en caso de incapacidad laboral temporal, una cantidad que supone un 65 por ciento más que en 2011 (cuando entonces el ahorro fue de 23,6 millones de euros).
En este sentido, la inspección revisó el año pasado un total de 46.548 procesos de incapacidad temporal entre el personal de la administración y, gracias a esa evaluación, cursó un total de 6.037 altas al considerar que la baja planteada inicialmente no estaba justificada.
No obstante, esa cifra del año pasado es un 15 por ciento inferior a las altas decretadas por la inspección en 2011 (ese año ordenó 7.090 altas). Por tanto, los resultados de la evaluación reflejan que el 87,1 por ciento de los trabajadores utilizan correctamente la incapacidad temporal frente al 12,9 por ciento restante (proporción que corresponde a las altas ordenadas en 2012)
Además, el programa de Inspección, Seguimiento y Control de la Incapacidad Laboral entre el personal de la administración autonómica acumula un ahorro de 90 millones de euros desde el año 2009 (año de puesta en marcha de este programa).
Así lo ha detallado el consejero de Sanidad de la Comunidad de Madrid, Javier Fernández-Lasquetty, y la directora general de Ordenación e Inspección de la Consejería, Paloma Martín, en rueda de prensa para presentar los datos relativos a 2012 de este programa.
SE REDUCEN A CASI DIEZ LOS DÍAS DE BAJA DESDE 2009
Aparte, el programa ha logrado reducir en 10 días la media de baja entre del Servicio Madrileño de Salud (SERMAS), que ha evolucionado de 21,06 jornadas de incapacidad temporal en 2009 a 11,25 días en 2012. Durante ese periodo se han revisado 158.955 procesos de incapacidad temporal entre el personal público de la administración, de los cuales se han dado 19.138 altas médicas tras la inspección.
Según ha remarcado Lasquetty, los inspectores de Sanidad han supervisado las bajas de los 108.354 trabajadores que forman parte de las diferentes consejerías y en el programa han participado más de 130 profesionales entre médicos inspectores y subinspectoras de la dirección general de Ordenación e Inspección de la Consejería de Sanidad.
Por su parte, Martín ha indicado que del total de altas no justificadas en 2012, un total de 1.812 han sido altas sobrevenidas (aquellas altas que firma el médico de atención primaria, pero que se producen bien por llamada del inspector al médico o al paciente, produciéndose en este último caso el alta antes de la fecha en la que el inspector le cite), lo que supone un 56,1 por ciento más que en 2011 que se dieron 794 altas sobrevenidas. El resto de casos se refieren a altas decretadas por el inspector (559) y a las indicadas por el médico tras la inspección (3.666).
Respecto a los días de baja, la directora general ha remarcado que se ha reducido en casi diez días desde el año 2009 (-46%) y que en el caso de la Atención Primaria la media de días de incapacidad temporal es de 10,7 (11,84 días menos que en 2009) y de 11,35 días en el caso de los hospitales (9,53 días menos que en 2009).
En relación al ahorro por departamento, Martín ha dicho que la mayor cantidad corresponde al SERMAS, que con cerca de 29 millones al detectar bajas no justificadas, seguida de Asuntos Sociales con siete millones y Educación, con 1,3 millones. Aparte, ha dicho que el ahorro proviene por la reducción de costes de complementos y de sustitución del puesto que implica la baja.
EL PROGRAMA NO QUIERE "CRIMINALIZAR"
También ha explicado que la mayoría de bajas no justificadas aluden a dolencias como amigdalitis, colitis, lumbago o ansiedad, entre otras. Además, Martín ha detallado que en caso de detectarse una baja no justificada de un empleado, se pasa sus datos a un programa de seguimiento y si se pide la baja en un periodo durante un periodo de seis meses, ésta debe ser autorizada por la inspección.
Por otro lado, el consejero ha manifestado que este programa no quiere "criminalizar" ni "penalizar" a nadie sino que su objetivo es lograr un uso correcto de la baja por incapacidad temporal y fomentar "una cultura permanente" al respecto entre el personal público.
En consecuencia, ha dicho que este programa trata de ajusta la baja a la situación la situación clínica y asegurar que "el que está enfermo no trabaje". Aparte, ha comentado que la detección de bajas no justificadas redunda en beneficio de todo el personal administrativo. "Las personas que no están enfermas tienen que ir a trabajar", ha sentenciado luego el consejero.
