La Comunidad bajará un punto el IRPF a los compradores noveles de vivienda nueva y eliminará el recargo del IAE

Actualizado: miércoles, 29 abril 2009 20:29

"El Estado, por una u otra vía, se queda con el 40% del sueldo de un trabajador medio", advierte Aguirre

MADRID, 29 Abr. (EUROPA PRESS) -

La presidenta de la Comunidad de Madrid, Esperanza Aguirre, anunció hoy una serie de reducciones fiscales, dentro de un próximo paquete de 49 medidas anticrisis, entre las que destaca eliminar el recargo autonómico del Impuesto de Actividades Económicas (IAE), así como una rebaja de 1 punto del IRPF a todos aquellos compradores de vivienda nueva, que sea su primera casa.

Actualmente, un contribuyente se deduce un 15 por ciento del IRPF en la compra de su vivienda habitual, de lo que un 10 por ciento corresponde al Estado, y un 5 por ciento en el tramo autonómico. Con esta propuesta, pionera entre las Comunidades Autónomas de España, la deducción autonómica pasa de un 5 por ciento a un 6 por ciento, lo que supone un 20 por ciento más de reducción en términos relativos.

El IAE es un tributo municipal sobre el que las diputaciones provinciales y las comunidades autónomas uniprovinciales --como es el caso de Madrid-- tienen la posibilidad de establecer un recargo. En el caso concreto de la Comunidad de Madrid, el recargo llegó a ser del 30 por ciento en la época del presidente Joaquín Leguina, y posteriormente Alberto Ruiz-Gallardón lo rebajó al 20 por ciento. En el presupuesto de 2009, los ingresos previstos por este recargo para las arcas de la Comunidad de Madrid estaban cifrados en 30 millones de euros.

Asimismo, Aguirre adelantó que la Comunidad reducirá en un 20 por ciento el impuesto de matriculación para reactivar el sector del automóvil. "A quien compre un vehículo nuevo le vamos a reducir el impuesto en un 20 por ciento, dándoles la cantidad equivalente", explicó. Este impuesto supone aproximadamente un 6 por ciento del precio final del vehículo, por lo que para un turismo cuyo coste final sea de 12.000 euros, el ahorro para el comprador sería de 144 euros, mientras que para un turismo de 18.000 la cifra de ahorro subiría hasta 216 euros.

"Porque queremos reactivar la industria del automóvil y su industria auxiliar y porque creemos que hay que hacer algo para conseguir que el sector de la vivienda se reactive también", explicó en el pleno monográfico sobre economía que se celebra hoy en la Asamblea de Madrid.

Para compensar el recorte de ingresos para las arcas públicas, la presidenta anunció además la eliminación de la Consejería de Cultura, Turismo y Deporte, que dirige el consejero Santiago Fisas, quien ocupa el puesto número 23 en las listas del PP a las elecciones europeas en las elecciones del 7 de junio.

Durante su discurso, Aguirre destacó que la Comunidad de Madrid es "parte inseparable para bien y para mal" de España y sufre como todo el territorio nacional de "una situación de tal gravedad que hay que retroceder al menos 50 años para encontrar una situación de crisis tan profunda".

Como ya ha mantenido en diversas ocasiones, acusó a la izquierda de dogmatismo. "Su dogma es el marco laboral franquista", consideró Aguirre, pero a su juicio es absolutamente necesario reformar el mercado laboral. "Ya sé que para ustedes es como mentar a la bicha, pero no hay más remedio", advirtió.

Así, destacó que "muchos ciudadanos no son conscientes" de la cantidad de impuestos que pagan. Puso como ejemplo que un trabajador que se lleva a casa 1.100 euros mensuales, gana en realidad 1.870 euros, porque 600 euros se van en cuotas a la Seguridad Social de la empresa y del trabajador, --que financian pensiones, desempleo, formación, accidentes laborales,...-- y 170 euros se quedan retenciones del IRPF.

"Es una realidad, el Estado por una u otra vía, se queda con el 40 por ciento del sueldo de un trabajador medio. Esto no es un incentivo a la contratación", sentenció.

Otra de las iniciativas que avanzó la presidenta se dirige a favorecer el mercado laboral apoyando la sustitución de los contratos basura por otros de al menos dos años de duración, a cuyo término el trabajador pasaría a ser fijo o en caso contrario, se le indemnizaría con ocho días de salario.