Publicado 17/06/2020 15:00CET

Comunidad dice que la reforma de Ley del Suelo reducirá cargas innecesarias y reactivará economía frente a las críticas


Imagen de archivo de una obra en Getafe.
Imagen de archivo de una obra en Getafe. - EUROPA PRESS - Archivo

30 entidades creen que supone "volver al ladrillado", dar menos garantías a vecinos y supone una amenaza al patrimonio histórico y ambiental

MADRID, 17 Jun. (EUROPA PRESS) -

La Consejería de Medio Ambiente Ordenación del Territorio y Sostenibilidad ha respondido a los firmantes del manifiesto contra la reforma de la Ley del Suelo, entre ellos los partidos políticos de Podemos, PSOE, IU, Más Madrid y Equo, que la modificación "puntual" en marcha de la Ley del Suelo "reducirá cargas administrativas innecesarias y plazos para reactivar la economía tras el Covid-19 y beneficiará tanto a los ciudadanos como a los ayuntamientos y los promotores".

De este modo, ampliará el uso de la Declaración Responsable en lugar de licencias urbanísticas para reconstruir los proyectos de vida de los madrileños y se impulsará la burocracia municipal para agilizar los procedimientos de gestión de trámites y creación de empresas. Asimismo, reducirá el intervencionismo y flexibilizar trámites, explican en un comunicado.

Por ejemplo, algunas licencias urbanísticas, que se otorgaban en 12 meses, se podrán hacer de inmediato a través de la declaración responsable "para favorecer a ciudadanos y ayuntamientos que se veían perjudicados por trámites lentos y costosos", ha indicado la Consejería, que recuerda que cualquier tipo de actuación que incida sobre el patrimonio cultural y artístico "se seguirá sometiendo a licencia urbanística para su máxima protección".

En ese sentido, desde el departamento que dirige Paloma Martín indican que la tramitación de esta Ley "es un proceso transparente y participativo que ha estado en fase de información pública y los interesados han podido hacer todas las observaciones que hayan considerado oportunas".

También ha apuntado que el sector de la construcción y sus servicios auxiliares, que se ha visto bastante afectado por este contexto de pandemia, suponen cerca del 20 por ciento del empleo en la Comunidad de Madrid "y es el que presenta un mayor efecto multiplicador en términos de PIB".

EL MANIFIESTO

La Comunidad ha respondido así a un manifiesto firmado por una treintena de organizaciones vecinales, ecologistas, de defensa de la vivienda digna y contra los desahucios, de defensa del patrimonio histórico, de defensa de los barrios frente a la turistificación, sindicatos y los partidos políticos del espectro de izquierdas de la Comunidad de Madrid, contra la reforma de la Ley de Ley de Suelo.

El pasado 13 de mayo, el Gobierno regional aprobó tramitar por el procedimiento de urgencia la décimo séptima modificación de la Ley 9/2001 del Suelo de la Comunidad de Madrid. "Una vez más, esta reforma se hace por la puerta de atrás, sin permitir un debate real y participativo sobre la ley que necesita la región, sus espacios naturales, sus ciudades, sus pueblos y sus habitantes. Además, el periodo de consulta pública se ha realizado durante el confinamiento, con los registros presenciales cerrados, impidiendo a las personas que carecen de medios telemáticos o certificado electrónico, la presentación de alegaciones", critican.

Los colectivos recuerdan que durante la pasada legislatura el gobierno del PP ya llevó a la Asamblea un proyecto de Ley del Suelo que modificaba completamente la vigente Ley 9/2001, no llegando a aprobarse por su "incapacidad "de acordar su articulado con la sociedad civil y los grupos parlamentarios. "Volvemos a las andadas, pareciendo esta modificación una declaración de principios de lo que puede venir en un futuro cercano", critican.

El principal cambio que se plantea con la modificación propuesta es reducir los mecanismos vigentes de control municipal sobre los actos de uso del suelo, construcción y edificación. En muchos de estos actos, se sustituye la Licencia Urbanística, que supone una supervisión municipal desde el inicio de la solicitud del promotor, por la Declaración Responsable.

Según indican los firmantes del manifiesto, en esta última, el control del ayuntamiento es posterior, una vez iniciada la construcción o la actividad, y siempre que el municipio cuente con medios suficientes de inspección, "cosa que en general no sucede, y por lo tanto implica un elevado riesgo de que se realicen intervenciones ilegales que conlleven efectos irreparables (demoliciones de edificaciones históricas, daños a terceros, construcciones ilegales en suelo protegido, etc)".

SIMPLIFICACIÓN Y AGILIZACIÓN ADMINISTRATIVA

El manifiesto reconoce que una nueva Ley del Suelo y Urbanismo es fundamental para la Comunidad de Madrid, incluso una simplificación y agilización administrativa de la actividad urbanística "puede ser deseable, pero siempre con la debida seguridad jurídica y el respeto a la normativa sectorial y estatal de carácter ambiental y urbanístico y de defensa del patrimonio histórico, donde los sectores afectados, los grupos políticos, las entidades y agentes sociales así como la ciudadanía en general puedan dar su opinión, para concitar el mayor grado de consenso posible".

Las entidades contrarias consideran que la reforma de la ley del Suelo supone una vuelta "a la lógica del ladrillazo", menos garantías para los consumidores, menos garantías para los trabajadores y también "para la sociedad, la convivencia, la salud y el descanso". También denuncian que habrá menos herramientas para los ayuntamientos y una "amenaza" para el patrimonio histórico y el medio ambiente.

Por todo ello, instan al Gobierno de la Comunidad de Madrid a retirar el anteproyecto de Ley de modificación de la Ley del Suelo y reclaman iniciar un proceso de diálogo al objeto de conseguir el mayor grado de acuerdo posible en cuanto a la aprobación de una nueva Ley del Suelo y Urbanismo en la región, un procedimiento participativo con los grupos parlamentarios y partidos políticos, los sindicatos, los colegios y asociaciones profesionales, la FRAVM y las entidades sociales interesadas, así como con los ayuntamientos, a través de la Federación Madrileña de Municipios, "con el fin de consensuar un nuevo texto legal".

Los firmantes del manifiesto, además de los partidos de izquierdas mencionados, aparecen los sindicatos UGT y CC.OO., Ecologistas en Acción, la Coordinadora de Vivienda de Madrid, el Sindicatos de Inquilinas e Inquilinos de Madrid, la Federación Regional de Asociaciones de Vecinos de Madrid, el Observatorio Ciudadano para la Conservación de Sierra de Guadarrama. Anticapitalistas Madrid, asociaciones ecologistas como ARBA, GRAMA y Jarama El Soto, La Ingobernable, Fundación de los Comunes, Plataforma Ona Norte, Plataforma en Defensa de Madrid Central, OMUSM, Corazón Verde de Chamberí, Madres por el Clima de Madrid, Club de Debates Urbanos, Madrid, Educación Pública Arganzuela-Lavapiés y Centro, entre otros.

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