La Comunidad no enajenará los terrenos hasta que se alcance un "acuerdo social" entre todas las partes implicadas

MADRID, 9 Jul. (EUROPA PRESS) -

La Comunidad de Madrid no procederá a la enajenación de los 14,2 kilómetros de la Cañada Real Galiana, tal y como se recoge en el borrador del anteproyecto de ley elaborado por el Gobierno regional, hasta que se alcance un "acuerdo social" entre todas las administraciones implicadas, es decir, además del Ejecutivo autonómico, la Delegación del Gobierno en Madrid, y los ayuntamientos de la capital, Rivas Vaciamadrid y Coslada.

Así lo aseguró en rueda de prensa la consejera de Vivienda, Medio Ambiente y Ordenación del Territorio de la Comunidad de Madrid, Ana Isabel Mariño, que hoy dio a conocer el contenido de este borrador al resto de consejeros en el Consejo de Gobierno celebrado esta mañana. Mariño fue muy clara en este aspecto y subrayó que hasta que no se alcance este acuerdo, no se procederá a negociar qué hacer con los terrenos que queden desafectados.

"Cada administración tendrá que asumir sus responsabilidades sociales, económicas y de seguridad ciudadanas en la Cañada", indicó la consejera, quien destacó que "esto tiene que quedar muy claro, como ya quedó claro con los ayuntamientos" con los que han estado pactando la posibilidad de alcanzar este principio de acuerdo para solucionar el problema de la zona (consistorios de Madrid, Coslada y Rivas).

En este sentido, la consejera de Medio Ambiente señaló que la Comunidad, intentando solventar una situación "que está derivando por unos cauces insostenibles para una región como Madrid", ha tomado la iniciativa de tutelar todo el proceso "desde el consenso" con los ayuntamientos afectados, otras fuentes de la sociedad civil y desde la corresponsabilidad de las administraciones.

A partir de ahí, apuntó, se podrá enajenar, ceder o permutar los terrenos desafectados, los ayuntamientos decidirán el destino a través de las modificaciones de planeamiento, "pero antes de todo esto tiene que haber un acuerdo social, en el que tienen que implicarse de forma directa, no solo con esfuerzos humanos, también económicos y sociales, todas las administraciones", recalcó.

Las propuestas del PSOE, que presentaron la semana pasada a modo de proposición de ley, también se tendrán en cuenta, pero cuando se llegue a la Asamblea, donde los grupos parlamentarios podrán presentar enmiendas al texto. No obstante, Mariño recordó que la delegada de Gobierno, Amparo Valcarce, y el alcalde de Coslada, Ángel Viveros, son socialistas y han estado en el proceso.

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