La Comunidad pide a Bolaños información sobre financiación de ley de justicia, con un coste que cifra en 40 millones

MADRID 27 Feb. (EUROPA PRESS) -

El consejero de Presidencia, Justicia y Administración Local, Miguel Ángel García Martín, ha pedido por carta al ministro de Presidencia y Justicia, Félix Bolaños, explicaciones sobre la financiación de la nueva ley de eficiencia del servicio público de Justicia, que atribuye nuevas competencias a las regiones, y que supone un coste para Madrid que ha cifrado en 40 millones de euros.

Tal y como ha adelantado en declaraciones a los periodistas y consta en la misiva, a la que ha tenido acceso Europa Press, el consejero hace alusión a las competencias que tienen las comunidades autónomas a la hora de configurar e implantar las oficinas judiciales correspondientes a los nuevos tribunales de instancia en cada uno de sus respectivos territorios.

"Se ha hecho sin soltar con las comunidades autónomas, que cambia de arriba a abajo su estructura y su organización y que solo a la Comunidad de Madrid le va a suponer un coste de más de 40 millones de euros. Es una ley que no tiene memoria económica, que no tiene financiación o que al menos no se prevé financiación para la aplicación en todas y cada una de las comunidades autónomas", ha censurado.

Por ello, le pide al ministro que explique cuáles van a ser los instrumentos de financiación, y se lo trasladará también en la próxima conferencia sectorial para pedirle que dote de más y mejores medios a la Administración de Justicia.

En la carta, el consejero censura que no se tenga en cuenta a las CCAA, que tienen "la responsabilidad última de implantarla". "De igual modo, tampoco la Ley va acompañada de dotación presupuestaria suficiente que cubra los costes que nos va a generar a los diferentes gobiernos autonómicos su ejecución efectiva en cada uno de nuestros territorios", ha apuntado.

Por ello, García Martín pide a Bolaños que explique los mecanismos de financiación y traslada su intención de mostrar "recíproca lealtad institucional" y colaboración entre administraciones para facilitar la labor de jueces y magistrados.