MADRID 5 Sep. (EUROPA PRESS) -
La Comunidad de Madrid reforzará los requisitos exigibles para admitir los llamados Centros Integrados de Desarrollo (CID), que tendrán que justificar la urgencia y el excepcional interés público del proyecto y someterse a concurso público.
Así lo ha anunciado la presidenta regional, Cristina Cifuentes, después de que el Consejo de Gobierno haya acordado este martes iniciar la tramitación del anteproyecto de ley por el que se modifica parcialmente la Ley de Medidas de Política Territorial, Suelo y Urbanismo, "con el objetivo de garantizar el interés general de los CID que se promuevan desde el ámbito privado".
Además de justificar la urgencia y el excepcional interés público del proyecto, "se exige que el suelo sea de titularidad pública y, en el caso de que sea privado, nunca podrá solicitarse sobre suelo clasificado como no urbanizable", ha indicado Cifuentes.
En el supuesto de que el proyecto cumpla todos los requisitos, la autorización Administrativa será otorgada por concurso público, "garantizando la publicidad y concurrencia en la adjudicación de estos desarrollos, a los que podrán optar los propietarios del suelo, una posibilidad que actualmente estaba prohibida".
La actual regulación de los CID, recogida en la mencionada Ley a través del artículo 14 de la Ley 8/2012 de Medidas Fiscales y Administrativas, no permite la participación en el proyecto a los propietarios del suelo afectados, privándoles de una facultad que tienen conforme a la legislación estatal del suelo.
Además, la nueva regulación permite a la Administración determinar las infraestructuras necesarias y su ubicación, y que garantice su ejecución exigiendo al adjudicatario del proyecto que asuma los costes de las mismas.
En este sentido, el texto propuesto establece que antes de la convocatoria del concurso será necesario que la Comunidad de Madrid, y en su caso los municipios afectados, determine si las infraestructuras incluidas en el proyecto son suficientes o necesitan ser modificadas o ampliadas.
También se revisará si el coste previsto es el adecuado o debe ser incrementado, y en caso de que se produzcan cambios en cualquiera de estos aspectos, deberán incluirse en el proyecto antes de la convocatoria del concurso.
"Es decir, que la nueva regulación establece mecanismos suficientes para garantizar el interés general, que además impide las operaciones de carácter especulativo, que cubre vacíos legales y que da mayor protagonismo a los municipios", ha resumido la presidenta regional.