MADRID, 7 Abr. (EUROPA PRESS) -
El Defensor del Pueblo cree que el proceso para instaurar la Tasa de Basuras por parte del Ayuntamiento de Madrid "no fue todo lo transparente que debiera", como expone la Institución que dirige en funciones María Luisa Cava de Llano en su informe anual.
Así, el Defensor señala que el Consistorio justificó que el valor catastral constituye un índice de capacidad económica "sin tener en cuenta que, en todo caso, el valor catastral será expresivo de la capacidad económica en un momento dado pero no de forma permanente".
A eso suma que el Consistorio calculó la Tasa de Basuras como un "mero recargo" sobre el Impuesto sobre Bienes Inmuebles (IBI), lo que "resulta útil para el Ayuntamiento, ya que facilita su gestión, pero no responde al concepto de tasa legalmente establecido".
"Por todas estas razones, y a pesar de los esfuerzos para que el Ayuntamiento rectificara la ordenanza, hubo que proceder al cierre de las investigaciones en disconformidad con la ilegalidad manifiesta de esta figura tributaria", zanja contundentemente el Defensor del Pueblo.
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