Foto: GUARDIA CIVIL
MADRID, 12 Ene. (EUROPA PRESS) -
La Delegación del Gobierno de Madrid ha dado orden de agilizar la lucha policial contra la venta ilegal de cable de cobre facultando a la Policía Nacional a que realice la instrucción y propuesta de resolución de los procedimientos sancionadores en las actuaciones de registro documental e información en los establecimientos dedicados a la compraventa de objetos usados.
Así consta en el Boletín Oficial de la Comunidad de Madrid de este miércoles. La norma tiene como objetivo "mejorar la eficacia en la gestión de los procedimientos sancionadores y asegurar su tramitación en tiempos razonables".
Hasta ahora era la Delegación del Gobierno en Madrid la que, a instancias de la Policía, iniciaba y terminaba el proceso sancionador en establecimiento de este tipo, especialmente en chatarrerías, que incumplían la normativa y que compraban cable de cobre robado.
Desde finales de 2012 el departamento que dirige Cristina Cifuentes ha puesto en marcha varias medidas para atajar el robo de cobre, que ha aumentado exponencialmente en los últimos años. Así, ha incrementado la formación de los policías y guardias civiles a través de cursos como el impartido por técnicos de Red Eléctrica.
La segunda medida fue incrementar la vigilancia en zonas susceptibles de sufrir este tipo de sustracciones y, al mismo tiempo, incrementar y endurecer las inspecciones en chatarrerías, sitios donde existe cierto riesgo de que se pueda desviar el cobre robado.
De hecho, desde hace un tiempo las chatarrerías tienen unas obligaciones de información para la Policía a través de un libro de registro con los datos de los vendedores y el origen del material.
Según fuentes de la Delegación consultadas por Europa Press, la medida que ahora entre en vigor pretende agilizar la tramitación de dichos expedientes sancionadores en el caso de que estos establecimientos no cumplan con sus obligaciones para que la propia Policía empiece y termine la resolución, que deberá pasar finalmente por la Delegación para su sanción.
En 2012, último año con cifras oficiales, la Policía y Guardia Civil recuperaron 23.000 kilos de cobre y 110.000 kilos de otro tipo de metales. Además, detuvieron a 445 personas. La Comunidad cuenta con una red de cable formada por 2.000 kilómetros de tendidos eléctricos y 68 subestaciones eléctricas.
