El delegado del Gobierno asegura que Almeida ya tiene "la condena social" por "poner dificultades" a la regularización

MADRID 12 May. (EUROPA PRESS) -

El delegado del Gobierno en Madrid, Francisco Martín, ha reaccionado este martes a la denuncia presentada por la CNT contra el alcalde de la capital, José Luis Martínez-Almeida, por presunta discriminación en el proceso de regularización de migrantes, y ha señalado que, al margen de lo que diga la Justicia, el primer edil ya tiene la "condena social".

"El que el señor Martínez-Almeida anunciara mayores dificultades incluso de las habituales para proceder a la emisión de algo de documentación, si lo tienen que nanalizar los tribunales serán ellos quienes tengan que determinarlo, pero creo que la condean social es unánime prácticamente", ha manifestado el delegado ante los medios de comunicación.

La Federación Comarcal Sur Villaverde Alto de CNT y Regularización Ya han presentado una denuncia ante la Fiscalía Provincial de Madrid contra el alcalde de Madrid y varios altos cargos del Área de Políticas Sociales, Familia e Igualdad por presuntas irregularidades en la gestión del proceso extraordinario de regularización de personas migrantes aprobado por el Gobierno.

La denuncia, firmada por el secretario general del sindicato, Pablo Redondo Jiménez y a la que tuvo acceso Europa Press, sostiene que el Ayuntamiento habría obstaculizado "el acceso de miles de personas migrantes en situación administrativa irregular a los certificados de vulnerabilidad exigidos para tramitar su regularización extraordinaria antes del próximo 30 de junio".

En este sentido, el delegado del Gobierno ha recordado que Almeida y el Partido Popular "han dicho por activa y por pasiva que van a poner todas las dificultades posibles para que este proceso salga adelante", a pesar de que la regularización es un proceso "de justicia" y que "trae derechos" para personas migrantes que residen en España.

Así las cosas, Martín ha subrayado que "el conjunto de la población madrileña", tanto el tejido social como los tejidos económicos de la región, reclaman una medida como este proceso, por lo que considera que "quien se está distanciando de la sociedad madrileña es el Partido Popular".

Finalmente, el delegado del Gobierno ha señalado que el alcalde aún tiene tiempo hasta el 30 de junio --fecha en que culmina el proceso de regularización-- para "ponerse a remar a favor de una medida que trae derechos y justicia".

TRABAS BUROCRÁTICAS

Según la denuncia, los protocolos implantados por el Ayuntamiento desde finales de abril habrían introducido "trabas burocráticas adicionales" para acceder a los servicios sociales municipales y obtener el certificado de vulnerabilidad necesario para completar el proceso de regularización.

La CNT sostiene que dichas medidas afectaron especialmente a personas migrantes con dificultades idiomáticas, problemas de acceso digital o sin recursos económicos, provocando retrasos que podrían dejar fuera del proceso a numerosos solicitantes.

El Gobierno aprobó el pasado 15 de abril de 2026 el proceso extraordinario de regularización de personas migrantes mediante el Real Decreto 316/2026. Entre los requisitos establecidos figura la acreditación de situación de vulnerabilidad a través de servicios sociales públicos o entidades colaboradoras autorizadas.

La denuncia señala que, tras la entrada en vigor de la norma, los centros de servicios sociales municipales de Madrid no recibieron instrucciones claras durante varios días pese al fuerte aumento de solicitudes.

Posteriormente, el 21 de abril, los trabajadores sociales recibieron órdenes para cancelar citas previamente organizadas y derivar las solicitudes al sistema de Registro General del Ayuntamiento.

Según el sindicato denunciante, este nuevo procedimiento añadió barreras administrativas y retrasó el acceso a los informes necesarios para la regularización.