MADRID, 17 Jul. (EUROPA PRESS) -
Ecologistas en Acción y Greenpeace denunciaron hoy que la nueva Ley de Medidas Urgentes de Modernización del Gobierno facilitará la construcción en suelo protegido y aseguraron que el Ejecutivo de Esperanza Aguirre pretende apartar a los agentes forestales de sus funciones para desbloquear los "obstáculos" a la especulación urbanística.
Al respecto, la portavoz de Ecologistas en Acción, María Ángeles Nieto, manifestó a Europa Press que la norma regional está encaminada a "encubrir" la modificación de la nueva Ley del Suelo para cambiar "radicalmente" el tratamiento establecido en la última reforma de la normativa, que entró en vigor el pasado 1 de julio.
Por ello, recalcó que la Comunidad de Madrid pretende restar competencias a los agentes forestales para evitar que este colectivo se involucre en cuestiones urbanísticas. "No tiene ningún sentido que estos agentes supongan ahora un obstáculo", se quejó.
"El Gobierno autonómico debería utilizar la capacidad de legislar seriamente. La ley es una herramienta democrática para temas de interés general", apostilló, al tiempo que tachó la Ley de Medidas Urgentes de "tomadura de pelo" por chocar contra "la Ley del Suelo, la de Montes, la del Agua o la del sector eléctrico", entre otras.
En la misma línea, hizo hincapié en que el Gobierno de Aguirre al impulsar esta norma "va en contra de la Constitución", ya que "la Comunidad se otorga competencias que la Carta Magna no le otorga". "Parece que la haya redactado un niño de primaria sin saber que existe una estructura por encima de la Comunidad", añadió.
PRESIONES A AGUIRRE
Por otro lado, el responsable de la campaña de Bosques de Greenpeace, Miguel Ángel Soto, coincidió en señalar a Europa Press que la vigilancia de los agentes forestales podría haber sido el "desencadenante" para incluir en el articulado de la Ley de Medidas Urgentes una referencia expresa a este colectivo.
"No entiendo el interés de Esperanza Aguirre de apartar a los agentes cuando ellos son los que conocen el terreno", se preguntó Soto, quien calificó esa pretensión como "contradictoria", teniendo en cuenta que precisamente la Ley de Montes "refuerza el papel de los agentes para vigilar los bosques".
En su opinión, Esperanza Aguirre podría haber recibido "presiones del sector urbanísticos" para apartar a los agentes forestales de sus funciones, entre las que figuran investigar las causas de los incendios o denunciar posibles infracciones cometidas en los montes.
