MADRID, 24 Nov. (EUROPA PRESS) -
La catedrática de la Universidad de Salamanca, Lourdes Ruano, apostó hoy por que los propios alumnos, que sean mayores de 16 años, puedan objetar ellos mismos y libremente la asignatura de Educación para la Ciudadanía (EpC), porque a esa edad "tienen suficiente madurez".
"Si los alumnos tienen suficiente madurez (normalmente, a partir de los 16 años) podrán presentar también ellos mismos su objeción de conciencia frente a estas materias, ya que los menores son titulares de sus derechos fundamentales", aseguró en una entrevista con la Asociación Profesionales por la Ética en Madrid.
Esta organización está realizando entrevistas a expertos de diversos ámbitos con el fin de recabar su opinión en torno a las asignaturas genéricamente denominadas Educación para la Ciudadanía y al derecho a la objeción de los padres. Entre los expertos, se encuentra Lourdes Ruano, catedrática de Derecho Canónico y Eclesiástico del Estado de la Facultad de Derecho de la Universidad de Salamanca y autora de medio centenar de publicaciones.
A juicio de la catedrática, la objeción de conciencia es una concreción del derecho fundamental a la libertad de conciencia, "que implica no solamente el derecho de toda persona a formar libremente su propia conciencia, sino también a obrar conforme a los imperativos de la misma".
Así, consideró que en la objeción de conciencia subyace siempre "un conflicto entre el deber de obediencia a la norma legal y el deber de resistirse a su cumplimiento, que impone la norma moral o ética", y que en el caso de la EpC, los padres que objetan "no actúan por mero capricho".
Según señaló, los padres se encuentran "ante el verdadero dilema de que sus hijos tienen que cursar un conjunto de asignaturas que, tal como han sido configuradas en el sistema escolar español, no constituyen una enseñanza neutral" sino que en sus objetivos, contenidos y criterios de evaluación, "implican un adoctrinamiento moral en una ideología y antropología concretas, contraria a sus personales y serias convicciones".
Por otra parte, señaló que al imponerse esta materia con carácter obligatorio, "se está vulnerando el derecho fundamental que asiste a los padres de elegir para sus hijos la educación moral que esté de acuerdo con sus propias convicciones", lo que supone "una grave intromisión" del Estado en un ámbito que no le compete.
