Federación Madrileña de Municipios - FMM
MADRID, 9 Oct. (EUROPA PRESS) -
La Comisión de Familia, Reto Demográfico y Bienestar Social de la Federación de Municipios de Madrid (FMM) ha aprobado una resolución para exigir al Gobierno de España una revisión y mejora integral de la prestación económica por cuidado de menores y jóvenes afectados por cáncer u otra enfermedad grave (prestación CUME).
La propuesta, impulsada por el Grupo Popular, ha salido adelante este viernes con los votos a favor del grupo y la abstención del grupo socialista, ha indicado la FMM.
La resolución pone de relieve que la prestación CUME constituye "un instrumento esencial para compensar la pérdida de ingresos de aquellas madres y padres que deben reducir su jornada laboral de manera significativa para atender de forma directa y continuada a sus hijos".
Sin embargo, el texto advierte de que persisten "importantes lagunas en el modelo actual", como el límite de edad establecido en los 26 años, una barrera administrativa que "deja desprotegidas a muchas familias" a pesar de que la situación de gran dependencia, la discapacidad igual o superior al 65% y la necesidad de cuidados continúan intactas.
PRINCIPALES DEMANDAS
Ante esta situación, la FMM ha acordado instar al Ejecutivo central a adoptar una serie de medidas normativas y de gestión como permitir a extensión de la prestación y el correspondiente permiso CUME más allá de los 26 años cuando la persona beneficiaria se encuentre en situación de gran dependencia (Grado III) o discapacidad igual o superior al 65%, siempre que persistan la convivencia y la necesidad acreditada de cuidados directos y continuos.
También, pide una adaptaciones asistencial que se base en incorporar legalmente nuevas realidades sanitarias como la hospitalización domiciliaria o la atención ambulatoria especializada, equiparándolas al ingreso hospitalario tradicional sin mermar la intensidad de la protección, además de fomentar la corresponsabilidad entre progenitores.
Añade desde la federación que se garanticen criterios comunes, públicos y transparentes en todas las entidades gestoras y mutuas para evitar diferencias territoriales o de criterio, reduciendo la burocracia.
Solicita también que se establezca un procedimiento que permita reevaluar la situación de aquellas familias que hayan perdido la ayuda recientemente por haber alcanzado el límite de edad, si siguen concurriendo los requisitos de dependencia y necesidad de cuidado.
Considera también que es necesario asegurar la financiación necesaria para aplicar estas mejoras con plena seguridad jurídica y mantener un cauce de interlocución permanente con las familias, asociaciones de pacientes y entidades sociales.
