La norma recoge el derecho de los afectados por el ruido a ser resarcidos de los daños cuando no se respete la calidad acústica
MADRID, 10 Dic. (EUROPA PRESS) -
El Ministerio de Fomentó entregó hoy en el Congreso de los Diputados la redacción del proyecto de ley de Navegación Aérea para ser tramitado por el procedimiento de urgencia después de que el Consejo de Ministros aprobase la semana pasada el texto con el fin de "proteger" a los ciudadanos que viven en las poblaciones en el entorno de los aeropuertos y "salvaguardar los intereses generales" de los usuarios.
Este proyecto viene después de que el Grupo Socialista en el Senado retirase la semana pasada una enmienda a la Ley Ómnibus y que suponía una modificación de la Ley de Navegación Área permitiendo que los vecinos ubicados cerca de los aeropuertos, como el de Madrid Barajas, se vieran obligados a aguantar el ruido de los vuelos.
Según el nuevo texto, que viene a recoger lo mismo que el anterior, se reconoce el derecho de los dueños u ocupantes de los bienes subyacentes "a ser resarcidos", conforme esta ley, los tratados internacionales y el derecho comunitario, "de los daños y perjuicios que se les ocasiones como consecuencia de su deber de soportar la navegación aérea".
Sin embargo, se aclara que con el objetivo de buscar el equilibrio entre los derechos de los afectados y los "intereses de la economía nacional", "siempre que se cumplan" los objetivos de calidad acústica fijados por la normativa estatal "será obligatorio soportar los niveles sonoros, sobrevuelos, frecuencias e impactos ambientales generados por la navegación aérea", reza el texto.
El Gobierno central se compromete asimismo a aprobar planes de acción, que incluyan las medidas correctoras pertinentes "cuando se establezcan servidumbres acústicas que permitan superar los objetivos de calidad acústica en el exterior de las edificaciones, así como los sobrevuelos, frecuencias e impactos ambientales generados por la navegación aérea".
No obstante, apuntan que para una mayor protección a las poblaciones circundantes a los aeropuertos de competencia estatal, "podrá ampliarse el ámbito de dichas servidumbres así como el de sus correspondientes medidas correctoras, sin perjuicio de la posible revisión de la delimitación de la servidumbre conforme a la normativa estatal del ruido".
Como novedad, por su modificación, el proyecto da un plazo de seis meses al Estado para que en los aeropuertos de 250.000 operaciones al año --afecta por tanto a Madrid-Barajas y Barcelona-El Prat-- se aprueben las correspondientes servidumbres acústicas y se atiendan los derechos afectados por la operación de los vuelos.
De esta forma, el Estado estará obligado a garantizar que en las poblaciones circundantes a dichos aeropuertos se respeten los objetivos de calidad acústica fijados en la normativa estatal y a aprobar planes de acción que incluyan las correspondientes medidas correctoras, que garanticen dichos parámetros sean aplicables al espacio interior de las viviendas aledañas.
Asimismo, AENA estará obligada a evaluar de forma "continuada" del impacto ocasionado por las infraestructuras aeroportuarias en las poblaciones circundantes, a vigilar y sancionar los incumplimientos que se pudieran producir y a instar o adoptar las medidas necesarias para compatibilizar "una explotación eficiente de la infraestructura aeroportuaria con los derechos de los dueños u ocupantes de los bienes subyacentes".
Para ello, el proyecto adapta la Ley de Navegación Aérea a la reciente normativa internacional y comunitaria en esta materia, y responde a la doctrina marcada por el Tribunal Europeo de Derechos Humanos y por la 35º asamblea de la Organización de la Aviación Civil Internacional (OACI).
