Los funcionarios judiciales amenazan con una nueva huelga ante "la estafa" de Aguirre de incumplir los acuerdos

Los funcionarios de la Justicia de Madrid amenazaron hoy con iniciar una nueva huelga indefinida ante "la deslealtad" del Gobierno de Esperanza Aguirre de incumplir el acuerdo que se alcanzó el 11 de diciembre de 2007 entre el ex consejero Alfredo Prada y la plataforma sindical, integrada por CC.OO, STAJ y UGT, para poner fin al paro que durante once días paralizó de facto a los tribunales madrileños, provocando la suspensión de una media de 800 juicios diarios.

El convenio, que afecta a unos 5.800 trabajadores, contemplaba una subida salarial de 450 euros: 130 euros en 2008, otros 155 en 2009, 75 más en 2010 y 90 más en 2011. Además, incluía un plan de choque para incrementar las plantillas de los Registros Civiles y los Juzgados de lo Penal, los más saturados de la región. También preveía revisar las retribuciones y las guardias de los juzgados de la periferia de la región.

Prado se comprometió a que el acuerdo entraría en vigor el 1 de enero de 2008 y que el aumento retributivo se incluiría en la Ley de Presupuestos de 2009. Un año después, ninguna de estas promesas se han hecho efectivas. Pese a que hasta ahora la Consejería de Presidencia, Justicia e Interior ha incumplido lo pactado, los sindicatos confiaban en que las Cuentas de Aguirre contemplarían la subida salarial con la sorpresa de que no será así. "Teníamos la esperanza que iban a cambiar", se lamentaron.

"No descartamos ir a una huelga indefinida ni impugnar el incumplimiento por la vía judicial", advirtió en rueda de prensa el coordinador estatal de Justicia de CC.OO, Javier Hernández. Acusó al Gobierno regional de "desleal", de "estafar" a los ciudadanos, y de "falta de transparencia" por no informar al colectivo del bloqueo del convenio. "El Gobierno de Aguirre ha hecho caso omiso a lo pactado por no llevar el acuerdo al consejo de Gobierno para su aprobación definitiva y no incluirlo en los Presupuestos", denunció.

REUNIÓN CON GRANADOS

Ante esta situación, los sindicatos comenzaron esta mañana a reunirse en Asamblea para valorar las acciones de presión que emprenderán en los próximas días para que "la mala fe" de Aguirre "cambie". En primer término, exigirán al consejero Francisco Granados que convoque una reunión para que exponga los argumentos que impiden cumplir el pacto.

El pasado martes, el consejero anunció en la Asamblea de Madrid que el Gobierno regional no aplicará en 2009 y 2010 la subida salarial prometida debido a la crisis económica, pero indicó que la recibirán toda junta en 2011. Entretanto, los funcionarios se concentraron en el exterior del Parlamento madrileño para denunciar el incumplimiento.

"Si no se cumple el convenio habrá un colapso y no se solucionarán los problemas que arrastra la Justicia madrileña", recalcó el portavoz de STAJ, Alberto García, quien adelantó que se tomarán "las medidas más contundentes". "Los órganos judiciales están en una situación crítica y este acuerdo podría haberlo solucionado", insistió. "Que no se aplique el pacto es terrible", añadió.

Por su parte, el secretario de Administración General del Estado FSP-UGT de Madrid, Fermín Arias, denunció que la actitud de la jefa del Ejecutivo madrileño se extiende a otras áreas, puesto que no lleva a cabo los acuerdos alcanzados con el sector de la Educación y la Sanidad. "No vamos a parar hasta que Aguirre cumpla con los ciudadanos", apostilló.

LOS REGISTROS CIVILES, COLAPSADOS

El colapso de los tribunales de Madrid se ceba especialmente con los Registros Civiles, en la calle Pradillo, cuya escasez de plantilla escenifica "la gravísima" situación de los órganos judiciales madrileños. El atasco se agrava en el caso de los registros de otros partido judiciales de la región, con una plantilla formada por un sólo funcionario.

La falta de personal también aqueja a los Juzgados de lo Penal, que enjuician delitos con una pena aparejada inferior a cinco años de cárcel. Con "la misma plantilla de hace veinte años", según los sindicatos, la situación en estos órganos judiciales es "insostenible".

Los sindicatos criticaron que haya existan contratos de refuerzo por un mes. Según relataron, si una funcionaria está embarazada no se la renueva. Si un empleado público está de baja, tampoco se le actualiza el contrato. Esto provoca que esas plazas estén vacías hasta tres meses, puesto que la Consejería no remplaza al personal.

La huelga que concluyó hace un año bloqueó los tribunales de la región. Uno de los órganos más afectados fue la Audiencia Provincial de Madrid, cuyo presidente, Francisco Javier Vieira, llegó a emplazar al Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) a que mediase entre el Gobierno regional y los funcionarios para poner punto y final a los paros indefinidos. El parón provocó la suspensión de una media de 800 juicios diarios