MADRID, 25 Jun. (EUROPA PRESS) -
La delegada de Urbanismo en el Ayuntamiento de Madrid, Pilar Martínez, señaló hoy al Gobierno central como el único que puede modificar la Ley estatal de Arrendamientos "y adecuarla al cambio de la realidad" para poner freno a las situaciones de acoso inmobiliario después de que el Grupo Municipal Socialista instara hoy al equipo de Gobierno en el Pleno ordinario a adherirse al programa contra el acoso inmobiliario impulsado por el Ministerio de Vivienda y la Federación Española de Provincias y Municipios (FEMP) para prestar asesoramiento a víctimas a este tipo de acoso.
El Gobierno municipal rechazó esta propuesta al igual que una segunda presentada por el concejal socialista Pedro Sánchez, por la que presentaron la viabilidad de firmar un convenio de colaboración con la Fiscalía Superior de Madrid para crear la figura del fiscal especializado en el combate del mobbing inmobiliario, como se viene haciendo en el Consistorio de Barcelona.
"También se pueden hacer encuestas sobre la envergadura del acoso inmobiliario en la ciudad, un balance del grado de cumplimiento de la Ordenanza de Rehabilitación de Edificios, y darnos a conocer cuántas veces el Ayuntamiento ejerce su derecho a ejecución sustitutoria, incluido en la Ordenanza anterior", declaró Sánchez.
Sobre el rechazo al convenio con la FEMP, Pilar Martínez explicó que ésta "se limita a un número de teléfono que deriva a los servicios municipales". En este sentido, añadió que el Ministerio de Vivienda "tendría que imitar lo que hace el Ayuntamiento de Madrid". También alabó la "modélica" política de rehabilitación de viviendas del Consistorio, objeto de un acto organizado días atrás por la Federación Regional de Vecinos de Madrid (FRAVM) por las 3.000 rehabilitaciones municipales llevadas a cabo por el Ayuntamiento en Lavapiés.
Martínez destacó hoy que la Oficina de Información impulsada por el Ayuntamiento de Madrid desde el año 2003 ha detectado desde su creación 137 posibles casos de acoso inmobiliario, además de haber recibido 192.000 consultas, un 36,8 por ciento relacionado con el ámbito del arrendamiento.
La delegada afirmó además que muchas de las actuaciones en este ámbito dependen del Estado, como la Ley de Arrendamientos Urbanos, y criticó que el Ejecutivo nacional no haya modificado todavía el Código Penal para tipificar como delito el acoso inmobiliario en el marco de las relaciones contractuales, mientras que los tribunales sí lo consideran un delito de coacciones y amenazas.
