El caso de Rayán "no se debe sólo al error de un profesional" sino que el sistema falla por falta de organización y recursos necesarios
MADRID, 26 Jul. (EUROPA PRESS) -
El secretario general del PSM-PSOE, Tomás Gómez, aseguró hoy que con la eliminación de las áreas sanitarias en la Comunidad de Madrid, la presidenta Esperanza Aguirre busca no estar obligada por Ley a dotar a las mismas con las infraestructuras mínimas necesarias por habitante y lograr así diferenciar los centros por categorías para terminar introduciendo la privatización del sistema sanitario.
En un artículo colgado en su blog titulado "Que me quede como estoy", Gómez subraya que desde que gobierna Esperanza Aguirre la sanidad es un caos y los cambios legislativos en curso para establecer un Área Única en toda la región, lo incrementarán.
Gómez, que lamenta que el Gobierno saque esta ley "en pleno verano, intentando que pase desapercibida" intentando "ocultar algo", apunta que el Gobierno Regional vuelve a engañar en sus slogans respecto a que es para la "libertad de elección" de médico y el "área única" sanitaria para "poder elegir centro sanitario".
A su juicio, esta propuesta de ley supone algo absolutamente perverso: "Se pone en riesgo la equidad". "Bajo la mentira de la libertad de elección se deja sin garantizar el centro de salud cercano y bien gestionado. ¿De qué me sirve elegir médico si no puedo elegirlo cerca porque no lo hay?", plantea.
Así, explica que hasta la fecha, los servicios sanitarios se organizan por áreas sanitarias de no más de 200.000 ó 250.000 ciudadanos cada una y cada una de ellas se dota de consultorios, centros de salud, especialidades, hospitales, etc., con el objetivo de asegurar el servicio sanitario a todos los ciudadanos con proximidad geográfica; criterios de salud pública, como la edad de la población, así como criterios socioeconómicos o dispersión geográfica.
"Todo ello se realiza hasta la fecha sin perjuicio de la libre elección, que ya existe desde la Ley General Sanitaria de 1986, tanto para la atención primaria como para la especializada", destaca Gómez.
"Pues bien, esta organización del sistema va a desaparecer", concluye el líder socialista, para quien la Comunidad de Madrid cambia la ley "para no estar obligada a dotar a cada área sanitaria de las infraestructuras mínimas, próximas geográficamente a los ciudadanos". "Su modus operandi es sencillo; si ya no hay áreas de salud ya no hay que dotarlas de infraestructuras", apunta.
En este sentido, considera que con esta ley desaparece el espíritu de una parte importante del articulado de la Ley General de Sanidad, como el art. 58, que determina que los Consejos de Salud sean para 250.000 habitantes máximo, es decir, órganos gestionables y eficaces. Asimismo, desaparece el precepto que establece la necesidad de un Centro de Salud por cada 25.000 habitantes, con la suficiente dotación según las necesidades específicas de esos ciudadanos; "algo que, de hecho, hoy ya no está cumpliendo el gobierno regional pues en muchos casos se duplica la población atendida en un centro de salud", añade.
También arremete, continúa Gómez, contra el artículo de la Ley General de Sanidad que da derecho a los ciudadanos a disponer de un Hospital General en el Área de Salud, es decir, cada 250.000 habitantes máximo, así como a una red hospitalaria integrada.
"La pregunta más importante es ¿Por qué hace todo esto Esperanza Aguirre?. La respuesta es tan sencilla como demoledora: Desmantelar el sistema sanitario público para su privatización por dos vías", mantiene. La primera, estableciendo categorías de calidad de los centros de manera que los centros "peores" desaparezcan y sean sustituidos por centros privados. La segunda vía, desatendiendo las necesidades de los nuevos desarrollos urbanísticos para justificar que NO van a hacer más Centros de Salud ni nuevos Centros de Atención Especializada como debían en aplicación de la Ley.
Así, Gómez pone el ejemplo de un vecino de Sanchinarro, "que tiene que llevar a su bebé a un barracón para que le vea un pediatra", y quien en el futuro "probablemente preferirá contratar los servicios de algún seguro privado".
"La tarea de un gobierno no puede ser generar desconfianza entre pacientes y profesionales, no puede ser intentar que algunos centros de salud disminuyan su número de pacientes para justificar la contratación de los servicios privados. La tarea de un gobierno es asegurar centros de salud cercanos a los ciudadanos y de calidad, todos ellos de calidad, no unos buenos y otros malos", declara Gómez.
CASO RAYÁN: ALGO MÁS QUE UN ERROR
Por otra parte, el secretario general de los socialistas madrileños denuncia el ataque a los profesionales de la sanidad que supone esta Ley. "Y eso me lleva a recordar a todos esos profesionales que están saliendo estos días a la calle para defender a una enfermera de 23 años, que tuvo la fatalidad de tener que atender en su primer día en la UCI de Neonatos del Gregorio Marañón al pequeño Rayan", apunta.
Y es que, a su juicio, "ha sucedido algo muy grave con este caso". "Todo apunta a que el gobierno del PP quiere saldar el dramático suceso identificando como único responsable a los profesionales, en este caso a una enfermera. Sin embargo, ha habido otros casos similares en la región. Es evidente que esto no se debe sólo al error de un profesional; el sistema falla porque carece de la organización y los recursos necesarios", añade.
Así, Gómez denuncia que el caso de Rayan pone de manifiesta "enormes problemas de gestión", tales como escasa dotación de personal, mala gestión de personal con muchos eventuales, profesionales de enfermería que pasan por muchos servicios en pocos días y falta de identificación de los profesionales con el servicio en el que están. A todo ello se une, "mala gestión de la organización en la que un profesional de UCI tiene que salir a atender una urgencia fuera, vulneración de los protocolos y procedimientos a seguir y mala gestión de los medicamentos a administrar a los pacientes".
"En definitiva, la sanidad en Madrid es un caos. No hay un modelo de sistema sanitario, no hay racionalidad en la política sanitaria y no hay sistemas de control basados en los usuarios del sistema de salud", manifiesta Gómez.
