Granados dice que en las facturas no consta que la Comunidad gastara 1,5 millones en un acto del Campus de la Justicia

Actualizado: martes, 1 junio 2010 14:26

SEVILLA LA NUEVA, 1 Jun. (EUROPA PRESS) -

El consejero de Presidencia, Justicia e Interior de la Comunidad de Madrid, Francisco Grabados, aseguró hoy que "parece excesivo y dificil" que se gastasen 1,5 millones de euros en el acto de la colocación de la primera piedra del Campus de la Justicia y añadió que en las cuentas de este proyecto no constan las facturas relativas a esta cuestión.

"Parece difícil haberse gastado esa cantidad (de dinero) en una primera piedra. A lo mejor hay conceptos que no han sido sólo de ese día sino de otras cuestiones, pero no tengo ningún dato porque no son facturas que estén en la Comunidad de Madrid", aseguró. Granados aseguró haber sido "el primer sorprendido" por esta información dada hoy por la cadena Ser, al no tener conocimiento de estos datos.

"No son facturas que estén en la Comunidad de Madrid sino que se han pagado desde fuera en base, al parecer, a un convenio de colaboración. Lo que voy a hacer inmediatamente es estdiselo y cuando lo tenga claro, daré una opinión", añadió el consejero, quien anticipó que sí los importes se confirman "no parece que se ajuste mucho a lo que es en este momento la realidad económica".

Según informa hoy la Ser, un 1,38 millones de euros es lo que costó la ceremonia de colocación de la primera piedra del Campus de la Justicia, el 31 de enero de 2007, presidida por Esperanza Aguirre junto al su consejero de Justicia Alfredo Prada.

Para este acto, la empresa encargada de los servicios audiovisuales cobró presuntamente 902.049 euros. "Y aunque las facturas fueron pagadas por Begar, la constructora de José Luis Ulibarri imputado en el caso Gürtel, el dinero salió finalmente de las arcas del Gobierno regional presidido por Esperanza Aguirre", dice la información.

Begar, junto a otra constructora, había logrado la adjudicación de los contratos para urbanizar el Campus de la Justicia. El contrato para la primera fase ascendió a los 55 millones de euros. De esa cantidad, las constructoras tenían la obligación de destinar el 1'5% a gastos institucionales y de publicidad.

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