Guateque.- Armada recuerda que el TSJM estimó que Botija se apropió de 57 metros cuadrados de terreno municipal

MADRID 3 Mar. (EUROPA PRESS) -

El viceconsejero de Transportes y ex gerente de Urbanismo, Luis Armada, recordó hoy a través de su portavoz que el Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJM) determinó en sentencia firme que la particular Margarita Botija se apropió ilegalmente de 57 metros cuadrados de terreno municipal al levantar en 2002 un muro de retención próximo a su vivienda, situada en el número 44 de la calle Manuel Ferrero (distrito de Chamartín).

La denunciante de Armada remitió esta mañana a la Policía Judicial una nueva denuncia contra el viceconsejero de Transportes en la que le acusa de respaldar el pulso administrativo que mantiene con el departamento de Disciplina Urbanística de la Gerencia de Urbanismo desde que en 1984 ocupara su casa por el cerramiento de una parte de su vivienda sobre unos terrenos que presuntamente pertenecen al Ayuntamiento de Madrid.

Para aclarar la nueva acusación, la portavoz de Armada aseguró a Europa Press que el ex gerente de Urbanismo ordenó en 2002 la apertura de un expediente a Botija a raíz de la denuncia de una vecina que la acusó de construir una tapia en suelo municipal después de que el muro de retención de tierras levantado anteriormente se hundiera a consecuencia de la lluvia. El sucesor de Armada acordó cerrar el citado expediente tras realizar las comprobaciones.

Tras la apertura del expediente, el abogado de Botija llevó el caso al TSJM, que determinó en sentencia firme que la particular se apropió ilegalmente de 57 metros cuadrados de suelo del Ayuntamiento de Madrid.

Armada está imputado en el 'caso Guateque' por presuntas irregularidades detectadas en una licencia que otorgó para la cubierta de un sótano de su vivienda, situado en la calle de la Bola número 9, a raíz de otra denuncia de Botija y por otra concedida al hotel Confortel, en la Avenida Pío XII, debido a una querella formulada por el sindicato de funcionarios Manos Limpias.

CONTRA LA DELEGADA DE URBANISMO

Además de acusar al viceconsejero de Transportes, la denuncia de Botija se dirige también contra la delegada de Urbanismo de Madrid, Pilar Martínez, el ex gerente de Urbanismo Enrique Zozoya, el concejal de la Junta de Distrito de Chamartín, Luis Miguel Boto y otros tantos cargos por avalar la decisión de derribar la supuesta tapia ilegal del inmueble en el que vive. Se les acusa de presuntos delitos de prevaricación, falsedad documental o usurpación de funciones, entre otras tipificaciones delictivas.

El pasado 31 de enero, un funcionario de la Gerencia de Urbanismo del Ayuntamiento de Madrid, Julio César Santos García, se presentó a las 9.30 horas en casa de la denunciante de Armada para derruir la tapia sin orden judicial que avalara su pretensión. Al no contar con la autorización, cuatro agentes de la Policía Municipal que le acompañaban como testigos no firmaron el atestado y, finalmente, no se realizó ningún derribo.