MADRID, 28 Sep. (EUROPA PRESS) -
El colectivo Hetaira, que representa a las prostitutas que ejercen en Madrid, tomará medidas legales si, finalmente, se instalan cámaras de vigilancia en las calles de algunas zonas de Madrid por considerar que tal medida es inconstitucional y que viola el derecho a la intimidad de las personas.
Así, la portavoz de Hetaira, Cristina Garaizábal, explicó a Europa Press que "instalar cámaras de vigilancia es, probablemente, una medida que raya lo inconstitucional porque constituye un atentado contra la intimidad de las personas que vayan paseando y sean grabadas sin su consentimiento".
Así pues, el colectivo "pondrá el tema en manos de los abogados para que estudie si algún tipo de denuncia podría prosperar en caso de que finalmente se tome la decisión en firme de instalar las cámaras, ya que no es constitucional y habrá que proteger el derecho a la intimidad".
Al margen de este tema, el colectivo considera que esta medida criminalizaría la prostitución, que no es un delito según la legislación, y que no acabaría con su ejercicio sino que provocaría "aún peores condiciones de trabajo para las profesionales del sexo".
"Se está hablando de que las cámaras se quieren poner para prevenir los delitos, así que habrá que recordar que la prostitución no lo es y que, por tanto, no tiene sentido instalarlas", criticó Garaizábal, añadiendo que, "además, eso no acabará con la prostitución en la zona, sino que la clandestinizará, haciendo que los tratos sean más rápidos y que las prostitutas estén en peores condiciones".
En cualquier caso, Hetaira afirmó que las prostitutas de Madrid ya están "acostumbradas, porque ésta es sólo una medida más en la línea de todas las políticas de este equipo de Gobierno".
"Se trata simplemente de un acto más en relación a la terrible persecución a la que se está sometiendo tanto a prostitutas como a clientes, a quienes se está multando en la Casa de Campo en base a una ley de la época de Franco", reprochó la portavoz de Hetaira.
"Ya sabíamos que la mayoría del equipo de Gobierno tiene bastante que ver con el franquismo pero no pensábamos que su conexión era tan directa como para atreverse en estos momentos a dar carta de validez a una normativa de ese estilo", concluyó Garaizábal.
