MADRID, 19 Abr. (EUROPA PRESS) -
El portal inmobiliario 'Idealista' ha recordado este martes que la Justicia avaló la venta de 1.860 viviendas de la Empresa Municipal de Vivienda y Suelo (EMVS) al fondo Blackstone por 128,5 millones de euros.
Según han señalado desde este portal web, esta operación se usó desde entonces como "arma arrojadiza" contra el Ejecutivo local entonces presidido por Ana Botella. "Se ha cuestionado la legalidad hasta el punto de que recientemente el borrador de un informe elaborado por la Cámara de Cuentas de la Comunidad de Madrid la ha calificado de irregular", ha agregado.
Al respecto, ha recordado que esta operación fue realizada conforme a derecho, según prueban dos sentencias, una de ellas de la Audiencia Provincial y contra la que no cabe recurso. "Es decir, el caso ha sido juzgado y cerrado, a favor de la EMVS y de Blackstone", ha apostillado.
Así, ha tachado de "sorprendente" el hecho de que el borrador de la Cámara de Cuentas que acumula las presuntas irregularidades en la adjudicación se ha filtrado casi ocho meses después de que el tribunal compuesto por tres magistrados declarase legal la compra por parte del fondo estadounidense en una sentencia firme.
De hecho, según apunta el 'Idealista', el borrador de la Cámara de Cuentas omite un dato clave recogido en la sentencia y que avala la operación: la sección 30 de la Audiencia Provincial de Madrid estima que "nada puede oponerse a la venta de los inmuebles por mucho que fueran de protección pública".
El tribunal emitió su decisión el pasado 24 de septiembre de 2015. Por ello, el portal ha insistido en que este extremo era de sobra conocida por "los miembros de la Cámara de Cuentas cuando decidieron no incluirla en el informe preliminar que hicieron llegar a medios de comunicación afines para cuestionar la legalidad de la operación y la gestión del anterior gobierno municipal".
De este modo, ha recalcado que la sentencia de la Audiencia Provincial no hace más que refrendar el fallo del Juzgado de Instrucción 38 de Madrid, que en primera instancia acordó el sobreseimiento de la causa contra el Ayuntamiento de la capital, la EMVS y Blackstone, comprador de las viviendas a través de su filial Fidere.
La decisión fue apelada por el excandidato a la alcaldía de Madrid del Partido Socialista Jaime Lissavetzky y la Asociación de Afectados por la Venta de Viviendas de la EMVS, que perdieron la apelación sin posibilidad de recurso.
"Resulta paradójico que la actuación de la EMVS y, por ende, del Ayuntamiento de Madrid, haya sido validada en los Tribunales de Justicia de manera firme y es ahora el mismo Ayuntamiento sea quien pone en duda el proceder de sí mismo, algo insólito", ha destacado el portal.
Una de las alegaciones expresada por los demandantes en su intento por impugnar la venta aducía que el traspaso de las viviendas "a un fondo buitre no es un mero cambio de casero", ante lo que el tribunal asegura que "el que los inmuebles a examen se vendan a A o B, será discutible ante otras jurisdicciones, pero no se puede transformar las ventas en penalmente ilícitas".
Lissavetzky y las asociaciones de afectados también consideraban que la venta vulneraba los derechos de los inquilinos. Sin embargo, la Audiencia Provincial aclara que la adjudicación "se efectuó siguiendo un proceso administrativo público, que no modifica la situación de los titulares de los contratos de alquiler de la vivienda, desde el momento en que los nuevos titulares vienen obligados a respetar las condiciones, los plazos y rentas máximas establecidos".
Blackstone, a través de Fidere, debe respetar los contratos subrogados. Estos incluyen alquileres protegidos para los inquilinos de los 18 inmuebles adquiridos por el fondo por plazos de 7 a 10 años, algunos de los cuales tienen además opción de compra a la finalización del contrato. A partir de ahí, conforme a la normativa aplicable a la vivienda protegida en la Comunidad de Madrid, las viviendas dejan de estar protegidas y pasan al mercado libre.
Otro de los argumentos, según rescata el 'Idealista', que se aducían contra la operación es que las viviendas "se vendieron en bloque vulnerando la ley y sin darle siquiera a los arrendatarios la posibilidad de ejercer su derecho de opción de compra".
Una acusación que los magistrados de la sección 30 de la Audiencia Provincial se encargan de desmontar recurriendo al artículo 18 del Decreto 74/2009 del reglamento de Viviendas con Protección Pública de la Comunidad de Madrid.
La ley establece que únicamente el inquilino puede ejercer este derecho al tanteo cuando el nuevo propietario vende las viviendas de manera individualizada o en paquetes que no sean de la totalidad de los pisos que tiene en un mismo edificio.
Según el portal de Internet, esta circunstancia está recogida en los contratos de alquiler de los inquilinos de los inmuebles de la EMVS, conforme a lo establecido en el art. 25.7 de la Ley de Arrendamientos Urbanos.
Curiosamente, apunta el portal de Internet, el pasado mes de octubre los residentes de uno de los 18 inmuebles de Blackstone tuvieron la oportunidad de ejercer la opción recogida en sus contratos, pero "ninguno de los 52 vecinos la hizo efectiva". Una de las principales razones, según el portal web, es que "el mercado ha caído tanto que cualquier casa de los alrededores es hoy más barata".
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