Manifiestan en el juicio que no apreciaron nada "raro" en el procedimiento de venta, "publicitado" y "normal"
MADRID, 4 Nov. (EUROPA PRESS) -
Las empresas que intermediaron en la operación de compraventa de 1.860 viviendas públicas de la Empresa Municipal de Vivienda y Suelo (EMVS) y las concursantes a la adjudicación han respaldado en el juicio el procedimiento llevado a cabo durante nueve meses de 2013 por la empresa pública para obtener liquidez y lograr sobrevivir a la crisis del mercado inmobiliario.
El juicio contra el exconsejero delegado de la EMVS Fermín Oslé y el apoderado de Fidere Alonso Benavides ha entrado en la fase testifical con la comparecencia de los representantes legales que participaron en los trámites previos a la compraventa. La vista oral proseguirá el próximo miércoles.
En primer lugar ha testificado el director jurídico del grupo Azora, fondo de inversión que fue contactado a finales de 2012 por Morgan Stanley para presentar una oferta en el concurso para ser adjudicatario de la venta de 18 promociones de VPO.
En concreto, el Grupo Azora-Morgan Stanley Real Estate Investing VII Global-GP, L.P. presentó tres ofertas. Una primera por 112.000.000 euros y las dos siguientes mejoradas.
"Fue un concurso excepcionalmente publicitado. No vimos nada extraño en el procedimiento. La EMVS buscaba maximizar el precio y fue un proceso competitivo. La oferta que ganó era superior a un 20%", ha subrayado.
A continuación, ha declarado un representante de la consultora Price Water House (PwC), contratada por la EMVS para realizar un plan de Viabilidad en aras a mantener a la empresa pública ante su crítica situación financiera.
El representante ha explicado que se hizo un informe de viabilidad, que incorporaba la potencial venta de unas promociones de viviendas. "Era razonable para sanear la situación financiera desprenderse de activos. En el informe se hablaba del interés de inversores extranjeros en activos inmobiliarios", ha explicado
La EMVS encargó a PwC una valoración de los referidos activos, que finalizó con un informe de 2 de abril de 2013 por el que se estimaba que el valor de compra estaba en una horquilla situada entre 117 y 135 millones de euros.
Al respecto, ha esgrimido que la tasación de la venta de dichos activos inmobiliarios entraba dentro del rango de precios del mercado y se realizó por el método habitual de descuento de flujos de caja.
El representante legal de BNP Paribas Real Estate Advisory Spain S. A. , una de las intermediarias para prestar sus servicios a la EMVS, ha señalado que "no fue un proceso opaco" y que el precio final era "precio del mercado".
Un socio de Itaca, la empresa adjudicataria para ofrecer servicios de intermediación a la EMVS, ha explicado que su cometido era buscar inversores interesados en esos activos. Entre los inversores estaba el grupo Blackstone Group Internacional Partners LLP-Magic Real Estate S.L., que resultó adjudicatario.
A preguntas del fiscal sobre si apreció algo raro en el procedimiento de venta, ha contestado que no. "Todo era acorde con la información dada para el proceso. Fue un procedimiento normal como suele ocurrir", ha destacado.
Las acusaciones ejercidas por el PSOE y los afectados consideran que de las declaraciones se desprende que la operación de compraventa estaba cerrada mucho antes de que se realizará el concurso público. En febrero de 2013 ya se habría cerrado la venta con Blackstone a pesar de que la firma fue el 31 de octubre de 2013, según sostienen los abogados de sendas acusaciones particulares.
En la fase testifical está citada el próximo 12 de noviembre la exalcaldesa de Madrid Ana Botella, quien fue absuelta por parte del Tribunal Supremo y el Tribunal de Cuentas.
FRAUDE Y MALVERSACIÓN
En el juicio, el fiscal no imputa ningún delito a los dos acusados y solicita la absolución. En cambio, la Asociación de Afectados por la Venta de la EMVS solicita ocho años de cárcel por fraude, prevaricación, malversación de causales públicos y un delito del artículo 289 del Código Penal, así como ocho años de inhabilitación para ejercer como cargo público. La mercantil Fidere figura como responsable civil subsidiaria.
En su declaración, el exconsejero delegado de la EMVS explicó ayer la mala situación financiera que afrontaba la empresa pública por la crisis del mercado, ya que "no había posibilidad de venta de activos ni de suelo".
Se sienta en el banquillo al ser el máximo responsable de la operación que firmó para la venta de 1.860 viviendas sociales al citado fondo de inversión por 125,5 millones de euros, un precio por debajo del valor neto contable.
"La situación desde un punto de vista financiero era difícil de sostener. No había venta de suelo libre ni de uso residencial. Era difícil acceder a préstamos hipotecarios y la venta de viviendas era inexistente", señaló.
