Publicado 18/03/2014 15:45CET

IU y los trabajadores de Alsa piden la intervención de Consorcio de Transportes en el conflicto laboral

MADRID, 18 Mar. (EUROPA PRESS) -

El Grupo Parlamentario de IU-LV y los trabajadores de Alsa reclaman la intervención del Consorcio de Transportes de Madrid en el conflicto laboral provocado por la decisión de la empresa de reducir los salarios de los trabajadores entre 150 y 300 euros, que desencadenó la convocatoria de una huelga indefinida a partir del 5 de marzo.

Los representantes del Grupo Parlamentario IU-LV y de los trabajadores se han manifestado en este sentido en declaraciones a los medios tras mantener una reunión en la Asamblea de Madrid.

Por parte de los trabajadores, Miguel Ángel Patiño, delegado de UGT de Nex Continental Holdings (Alsa), ha explicado que la empresa pretende reducir entre 150 y 300 euros los salarios de los conductores, por lo que la medida afectaría a 380 trabajadores de un total de 420, "aprovechándose de la reforma laboral", ya que la empresa aduce que ha tenido "solo" 90 millones de euros de beneficios el año pasado, que es un 5 por ciento menos de lo que esperaban, según Patiño.

"Nosotros entendemos que una empresa tan grande como esta, con beneficios económicos no puede rebajar los salarios de los trabajadores", ha manifestado el delegado sindical, quien ha señalado que además pretenden hacer la rebaja a costa del concepto de 'toma y deje' del servicio, dos horas remuneradas que sirven para la preparación y revisión del vehículo, y que "eso va a afectar a la seguridad".

Patiño ha explicado que durante los 14 días de huelga han intentado llegar a algún tipo de acuerdo con la empresa y que "incluso entendiendo que una empresa que tiene beneficios no debería reducir el salario de sus trabajadores" han realizado alguna oferta para aplicar "una pequeña reducción"; "pero la empresa está cerrada en banda", ha afirmado.

El representante de los trabajadores ha señalado que "los usuarios también están sufriendo las consecuencia de la avaricia, porque no se puede llamar de otra forma, de Alsa". La huelga afecta a los usuarios que usan el transporte interurbano que conectan las poblaciones del Este y del Norte de la Comunidad de Madrid con la capital, pero también a los servicio de largo recorrido que enlazan la capital con Bilbao, Santander, Irún, San Sebastián, Burgos, Logroño, Soria, Pamplona y Granada.

"Entendemos que no tienen porqué pagar las consecuencias y que el consorcio debería intervenir y devolver el dinero de los días de huelga a los usuarios", ha manifestado Patiño, quien ha destacado que "hasta ahora el consorcio no se ha pronunciado en ningún aspecto".

Según el comité de empresa, el llamado 'toma y deje' es un derecho de los trabajadores reconocido por sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJM) de dos horas remuneradas para la toma y deje del servicio, un tiempo que es necesario para comprobar el funcionamiento de frenos, estado de niveles, funcionamiento de motor, presión de ruedas, entre otras cosas.

IU: SE HAN VISTO AFECTADOS 600.000 USUARIOS

El portavoz parlamentario de IU-LV en la materia, Joaquín Sanz, ha afirmado que cada vez que hay un problema laboral las administraciones "miran para otro lado". Tras señalar que desde el inicio de la huelga se han visto afectado 600.000 usuarios, ha acusado a la Comunidad de Madrid de "dejación absoluta de su responsabilidad como autoridad laboral".

"Parece que les diera miedo el enfrentarse con unas patronales cuyas actuaciones pueden tener unas consecuencias muy graves", ha agregado Sanz, quien ha adelantado que su grupo parlamentario va a pedir las comparecencias del consejero de Transportes, Pablo Cavero, y del gerente del Consorcio de Transportes, Jesús Adriano Valverde.

Después de denunciar que a las personas que están pagando un abono se les está hurtando la posibilidad de utilizar un servicio que están pagando, ha dicho que la Comunidad de Madrid "tendrá que dar la cara ante esto". A su juicio, si hubiera una administración "razonable" ya habría llamado la atención a la empresa para acabar con una situación que está perjudicando a pueblos enteros.

"Hay servicios con los que no se debe jugar y la administración debe jugar su papel, no mirar hacia otro lado y no dar la cara", ha zanjado.

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