MADRID, 27 Feb. (EUROPA PRESS) -
El Juzgado de Instrucción número 6 de Navalcarnero ha concluido una investigación contra la antigua interventora de los ayuntamientos de Serranillos del Valle y Moraleja de Enmedio, apreciando indicios de delitos de falsedad documental y malversación de caudales públicos en relación a una presunta falsificación de una factura de diciembre de 2006 que ascendía a 35.164 euros.
El procedimiento arrancó tras las denuncias presentadas por parte de estos ayuntamientos contra su antigua interventora, B.M.A., y el proveedor informático. Ahora, la juez ha dictado un auto en el que transforma las diligencias en procedimiento abreviado, lo que supone el inicio de la fase intermedia de la causa y el paso previo a la celebración de un posible juicio.
Los hechos se remontan a 2012, cuando se aprobó el Real Decreto de pago a proveedores en el que Serranillos del Valle acordó el abono a diferentes proveedores por un importe de casi tres millones de euros.
Tras revisar el listado de pagos, se detectó uno que a todas luces parecía irregular, fechado en diciembre de 2006 y por un importe de 34.918,32 euros. Dicha factura no existía y el proveedor no había trabajado nunca para este ayuntamiento.
Se inició un procedimiento de reintegro de cobros indebidos contra el proveedor, reclamando la devolución del pago. Un año después, y tras no recibir respuesta, se inició el procedimiento de embargo de sus bienes por el importe pendiente en ese momento, que entre la suma principal más intereses ascendía a 53.000 euros.
Tras esto, el proveedor solicitó una reunión urgente con el Ayuntamiento donde reconoció que nunca trabajó para Serranillos Del Valle, así como el cobro de esa factura inexistente, "que pactó para repartirse el dinero con la interventora, B. M. A. ", que entonces trabajaba como acumulada en el Ayuntamiento de Serranillos del Valle y de titular en Moraleja de Enmedio.
En el caso de Moraleja de Enmedio, la denuncia se presentó como consecuencia de "una deuda presuntamente ficticia incorporada al Plan de Pago a Proveedores de 2012 contra la interventora Municipal y un antiguo proveedor de los servicios informáticos del Ayuntamiento, por la presunta comisión de los delitos de falsificación de documento público y privado, prevaricación y malversación de caudales públicos".
Según explica el Consistorio, la interventora municipal incorporó a "la segunda fase del Plan de Pago a Proveedores de 2012, una factura de diciembre de 2006 de 35.164,24 euros emitida por un proveedor autónomo y referida a una única intervención de mantenimiento y conexión de red".
"En la factura se observa una aparente manipulación del sello de registro de entrada y alteración en la letra de la persona que supuestamente lo registró", según el Consistorio.
En los archivos municipales no consta que se efectuase expediente alguno de contratación, "cuando solo unos meses después se cumplimentaron los trámites necesarios para adjudicarle un contrato menor para prestar un servicio similar de mantenimiento y actualización de aplicaciones informáticas durante cuatro meses por 12.000,00 euros".
