El juez Pedreira retomará las declaraciones cuando resuelva sobre las alegaciones de los imputados

MADRID, 14 Oct. (EUROPA PRESS) -

El magistrado Antonio Pedreira, que instruye el 'caso Gürtel' en el Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJM), retomará la toma de declaraciones a los imputados por delitos de corrupción una vez resuelva las alegaciones que hayan presentado los abogados defensores y a las acusaciones sobre la parte del sumario levantada el pasado 6 de octubre.

Una vez que termine este plazo, el magistrado tendrá que llamar a declarar a los imputados y a los ex diputados del PP en la Asamblea de Madrid Alberto López Viejo, Alfonso Bosch y Benjamín Martín Vasco tras negarse a declarar en una primera ocasión por existir el secreto sumarial.

Entre las alegaciones, Pedreirá estudiará la solicitud del abogado de Correa, José Antonio Choclán, para que se anulen las actuaciones por las que considera "escuchas ilegales" que autorizó el juez Baltasar Garzón en el locutorio de la prisión de Soto del Real. Esta solicitud cuenta con el respaldo del Consejo General de la Abogacía Española (CGAE) al no tener apoyo legal ni constitucional al no haber un auto previo que autorizara la intervención de las comunicaciones del letrado.

En cuanto a la parte sobre la que se mantuvo el secreto, el juez deberá prorrogar el secreto de las actuaciones a las partes el próximo 4 de noviembre al vencer la prórroga dictada el pasado 4 de octubre, según las mismas fuentes. Se trata de la mayoría de las diligencias dirigidas por Pedreira, entre ellas las 15 comisiones rogatorias dictadas para averiguar el destino del dinero desviado a diversos paraísos fiscales.

Este último informe implica al ex consejero de Fomento y actual presidente de las Cortes de Castilla y León, José Manuel Fernández, en una adjudicación "amañada" y con el reparto de comisiones ilegales.

VALENCIA Y CASTILLA Y LEÓN

Según fuentes jurídicas, la Fiscalía Anticorrupción deberá pronunciarse en breve sobre qué hacer con un nuevo informe policial que implica al presidente de las Cortes de Castilla y León.

Además, Pedreira tendrá que pronunciarse en breve sobre la petición de la Fiscalía Anticorrupción sobre la práctica de determinadas diligencias "a fin de esclarecer y comprobar los hechos a que se refiere el informe policial de 31 de julio" sobre las actividades de la empresa de la trama Gürtel Orange Market S.L. y el sistema de facturación y financiación de los actos del Partido Popular de la Comunidad Valenciana.

Anticorrupción decidió mover ficha tras conocer que, con fecha del 5 de octubre, Pedreira incorporó dicho informe a la causa que tramita contra el líder de la trama, el empresario Francisco Correa, y otros 63 imputados.

El informe sobre la financiación del PP valenciano, de fecha 31 de julio de 2009, fue elaborado por Unidad Central de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF)de la Policía Nacional y remitido tanto a la Fiscalía como al instructor Pedreira y a magistrado José Flors, que instruyó la causa en el Tribunal Superior de Justicia de Valencia (TSJV) contra el presidente de la Generalitat, Francisco Camps, y otros cargos del PP por el asunto de los trajes. Sin embargo, el tribunal valenciano no ha iniciado ninguna investigación sobre el informe policial.

Hasta que Pedreira resolvió incorporarlo ayer a la investigación de la Gürtel en Madrid, el informe policial sobre la presunta financiación ilegal del PP de Valencia se encontraba en "un limbo judicial" al no estar sujeto a ninguna de las instrucciones que se siguen para investigar la red corrupta del 'caso Gürtel'.

El documento detalla la trama de financiación ilegal en Valencia, incluyendo grabaciones entre miembros de la 'red Gürtel' y dirigentes del PP valenciano. Las escuchas, que requieren de una orden judicial, provienen de las actuaciones dirigidas por el juez de la Audiencia Nacional Baltasar Garzón.

Las conversaciones del informe, que datan de diciembre de 2008 y enero y febrero de 2009, corresponden a los meses en los que Garzón investigaba la trama. En uno de sus autos, el juez ya hablaba de la necesidad de investigar los indicios de irregularidades en la financiación del Partido Popular de Valencia.