El Ayuntamiento retira al abogado que representaba a Manuel Cobo en el caso de espionaje
MADRID, 6 Jun. (EUROPA PRESS) -
Un Jurado Popular será el encargado de enjuiciar los hechos en el juicio que se celebrará en los próximos meses en la Audiencia Provincial de Madrid por el 'caso de Espionaje' a políticos regionales en mayo de 2008 en la etapa de Esperanza Aguirre al frente de la Comunidad de Madrid, han informado a Europa Press fuentes jurídicas.
Concluida la instrucción, se ha incoado los trámites para que la causa siga los cauces por el Tribunal del Jurado al ser competente para juzgar los delitos de malversación de caudales públicos, infracción jurídica sobre la que versa este procedimiento.
Por otro lado, los servicios jurídicos del Ayuntamiento de Madrid han retirado al abogado que representaba al exvicealcalde de Madrid, Manuel Cobo. Las mismas fuentes han indicado a Europa Press que hace meses que Cobo no tiene representación en la causa.
Cobo denunció en 2008 cuando era la mano derecha del exalcalde de Madrid Alberto Ruiz Gallardón que fue espiado, razón por la que el Consistorio pagaba su acusación en el caso.
La decisión del Consistorio se produce cuando el caso está pendiente de señalar para la celebración del juicio. A finales de marzo, la juez decretó la apertura de juicio oral respecto al entonces director de Seguridad de Madrid Sergio Gamón, su 'número dos', Miguel Castaño Grande, el exfuncionario José Manuel Pinto y los guardias civiles José Luis Caro, José Oreja y Antonio Coronado.
La juez señalaba que procede la apertura de la vista oral al existir "indicios suficientes" de la comisión de un delito de malversación de caudales públicos respecto a los procesados. La causa llega a juicio gracias a la Audiencia Provincial de Madrid, ya que la magistrada ordenó tres veces su archivo.
La Abogacía de la Comunidad entiende, en su escrito, que los hechos descritos en el caso son constitutivos de un delito de malversación de uso de caudales públicos.
Por su parte, la acusación popular que ejerce el PSOE de Madrid en el caso solicitaba penas de entre dos y cuatro años de cárcel para los seis acusados dentro de su escrito para solicitar a la juez Carmen Valcarce la apertura de juicio oral.
