La oposición registra de nuevo la petición de una comisión de investigación sobre el 'caso Aneri'

MADRID, 10 Mar. (EUROPA PRESS) -

Los grupos parlamentarios de la oposición en la Asamblea de Madrid (PSM, IU-LV y UPyD) han registrado la petición de una comisión de investigación sobre el 'caso Aneri' después de haber tenido que rehacerla hasta en tres ocasiones por cuestiones de forma.

La petición, dirigida a la Mesa de la Asamblea, fue registrada el pasado jueves 6 de marzo. La primera solicitud se registró el pasado 25 de febrero, pero en su objeto figuraba "analizar y evaluar las responsabilidades políticas que pudieran derivarse en relación con los últimos acontecimientos ocurridos en Metro de Madrid" y se indicaba que los trabajos de la comisión debían finalizar antes del 31 de diciembre de 2012.

El día 27 de febrero, el Grupo Socialista presenta una corrección de errores y solicita la incorporación de las firmas de los diputados de IU-LV y UPyD, pero no contempla los dos errores anteriores sobre el objeto y la fecha de finalización de los trabajos, por lo que tiene que solicitar una segunda corrección de errores, fechada el lunes 3 de marzo.

No obstante, en esta segunda corrección de errores solo figuraba la firma del portavoz del Grupo Socialista, Tomás Gómez, por lo que hubo que "rehacer" la iniciativa por "cuestiones de forma", según explicó el portavoz adjunto del Grupo Socialista José Quintana, en la rueda de prensa posterior a la reunión de la Junta de Portavoces de la semana pasada.

En el último texto presentado, los grupos de la oposición sostienen que "ha existido una clara y absoluta falta de control por parte de la Consejería de Empleo en todas las fases del proyecto, además de una falta de coordinación especialmente entre las Direcciones Generales implicadas, Dirección General de Formación y Dirección General de Estrategia y Fomento del Empleo y falta de coordinación con la Fundación tripartita".

Igualmente, consideran que "también parece que se ha producido, y esa debe ser otra de las cuestiones que se deben aclarar en el seno de la Comisión, una falta de respuesta contundente cuando se conocen los hechos en la Consejería, cuando no, un intento de ocultación de los hechos", ya que, según ha sido publicado por 'El País', "existen una serie de correos que prueban que responsables de la Dirección de Empleo obviaron los avisos de los funcionarios sobre el posible fraude".

A este respecto, el texto menciona la respuesta que parece que recibieron de la directora general de formación diciendo que "no se notifica nada y que todo pase por aquí", así como el cese del subdirector de Formación Continua y Emprendedores.

Para la oposición, a la vista de los hechos "se pone de manifiesto que ha habido una absoluta dejación por parte de la Consejería en las acciones de control, seguimiento y evaluación de las actuaciones formativas a las que viene obligada por ley".

Además, "se ha podido producir en el seno de la Consejería un intento de ocultar hechos tan graves como un presunto fraude de 4,4 millones en fondos destinados a la formación, y es más que dudosa la actuación posterior para esclarecer los hechos, recuperar el montante económico y poner este asunto en manos de la justicia", advierte.

"ANALIZAR Y EVALUAR LAS RESPONSABILIDADES POLÍTICAS"

Según el texto de la iniciativa, "el objeto de esta comisión de investigación es analizar y evaluar las responsabilidades políticas que pudieran derivarse en relación con la presunta estafa de fondos de formación por parte de la empresa Sinergia Empresarial", así como "las actuaciones llevadas a cabo por la citada Consejería en la adjudicación, evaluación y control de dichas acciones formativas" y "las actuaciones llevadas a cabo por la Consejería una vez conocido dicho posible fraude".

Secundada por toda la oposición, la iniciativa suma los apoyos de dos quintas partes de los miembros de la Asamblea, condición exigida por el Reglamento de la Asamblea. También cumple con la exigencia de que este tipo de comisiones tienen que versar sobre asuntos que afecten a los intereses de la Comunidad, y su objeto de análisis se encuentra dentro del ámbito competencial de la Comunidad.

Según las reglas básicas sobre la composición, la organización y el funcionamiento de la comisión de investigación establecidas por los solicitantes, estará formada por diez diputados del Grupo Popular, cinco del Grupo Socialista, dos del IU-LV y uno de UPyD.

Además, la comisión de investigación podrá requerir, a través del presidente de la Asamblea, la presencia de miembros del Consejo de Gobierno, altos cargos y funcionarios de la Comunidad de Madrid, así como cualquier otra persona para informar sobre el asunto que constituye su objeto.

Los trabajos de la comisión de investigación deberán finalizar antes del 30 de junio de 2014, incluida la elaboración del dictamen, pudiendo la Mesa de la Asamblea acordar su prórroga por tiempo no superior a otro tanto del mismo, a propuesta de la comisión.