Piden siete años de cárcel para una acusada de intentar matar a un hombre de 72 años a puñaladas en un bazar

Archivo - Fachada de la sede de la Audiencia Provincial de Madrid, a 26 de septiembre de 2025, en Madrid (España).
Archivo - Fachada de la sede de la Audiencia Provincial de Madrid, a 26 de septiembre de 2025, en Madrid (España). - Eduardo Parra - Europa Press - Archivo
Europa Press Madrid
Publicado: sábado, 11 julio 2026 9:29

MADRID 11 Jul. (EUROPA PRESS) -

La Audiencia Provincial de Madrid juzgará el próximo jueves a una mujer para la que la Fiscalía solicita siete años de prisión por un presunto delito de homicidio en grado de tentativa por intentar acabar con la vida de un hombre de 72 años al que asestó varias puñaladas a la salida de un bazar de Arroyomolinos.

Según el escrito de acusación del Ministerio Público, los hechos ocurrieron sobre las 9.40 horas del 9 de noviembre de 2024, cuando la acusada acudió al establecimiento 'Eurobazar', situado en la avenida Unión Europea.

Allí compró un cuchillo de cocina de unos 15 centímetros de hoja, pidió que se lo desprecintaran y esperó en el exterior hasta que salió la víctima, a la que, presuntamente, atacó "con la intención evidente de atentar contra su vida", propinándole varias cuchilladas dirigidas a zonas vitales como la cabeza, el cuello y la parte superior del tórax.

Como consecuencia de la agresión, el hombre sufrió múltiples heridas incisas y una fractura en la órbita derecha, además de lesiones penetrantes en el tórax y diversas heridas en cuello, hombro y espalda.

Las lesiones requirieron tratamiento médico y quirúrgico, tardaron 210 días en sanar y le dejaron varias cicatrices permanentes y secuelas oftalmológicas, entre ellas una diplopía binocular. La víctima reclama ser indemnizada por los daños sufridos.

La Fiscalía sostiene que los hechos constituyen un delito de homicidio en grado de tentativa y considera a la procesada autora de los mismos.

No obstante, aprecia la concurrencia de la atenuante analógica de alteración psíquica, al padecer una enfermedad mental desencadenante de brotes psicóticos que disminuye sensiblemente sus facultades, si bien no ha quedado acreditado que afectara de forma concreta a su capacidad en el momento de los hechos.

Además de los siete años de prisión, el Ministerio Público solicita la imposición de seis años de libertad vigilada tras el cumplimiento de la condena, así como la prohibición de acercarse a menos de 500 metros de la víctima y de comunicarse con ella durante un periodo de seis años superior al de la pena de prisión.

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