Pleno.- PP aprueba en solitario la Ley de Acompañamiento que contiene la reforma de la Ley de la Cajas y la privatización del Canal

MADRID 29 Dic. (EUROPA PRESS) -

El Pleno de la Asamblea de Madrid aprobó hoy, con los votos del PP, la abstención del PSOE y la oposición de IU, la Ley de Medidas Fiscales y Acompañamiento a los Presupuestos regionales de 2009 que contiene, entre otras cosas, la modificación de la Ley de Cajas de la Comunidad de Madrid y la entrada de capital privado en el Canal de Isabel II.

La Ley de Medidas fiscales, que por primera vez se aprueba en una sesión diferente a los Presupuestos regionales, ha contado con 74 enmiendas por parte de los grupos de la oposición, 49 por parte de IU y 25 del PSOE.

Los socialistas se oponen a la privatización del 49 por ciento del Canal de Isabel II, a las ayudas escolares para los colegios privados, a la modificación de la Ley del Suelo, de Carreteras y de Medio Ambiente, como también lo hacen desde IU. No obstante, las 15 enmiendas de los populares han sido las más polémicas en los últimos días, sobre todo, por las modificaciones que incluyen en la Ley de Cajas de la Comunidad y por el poder que otorgan a la Asamblea de Madrid sobre la Caja madrileña.

La nueva Norma suprime también el Impuesto de Patrimonio, y contempla la rebaja de un punto del tramo autonómico del Impuesto Sobre la Renta de las Personas Físicas (IRPF). Además, contiene ayudas para uniformes escolares.

POLÉMICA REFORMA DE LA LEY DE CAJAS

Las enmiendas del Grupo Parlamentario Popular se han convertido en polémicas ya que abogan por primar la representación en la Caja de la Asamblea de Madrid, en la que el PP tiene mayoría absoluta, frente a la representación de los municipios, de manera que, entre otras localidades, pierde peso en la entidad financiera madrileña, el Ayuntamiento de Madrid dirigido por Alberto Ruiz Gallardón.

Así, gracias a las 15 enmiendas de los populares la presidenta regional, Esperanza Aguirre, se reservará la reelección de Miguel Blesa como presidente de esa entidad financiera, puesto que para poder ser reelegido tendrá que ser antes designado por el mismo sector que le nombró, que no es otro que la Asamblea de Madrid, donde el PP tiene mayoría absoluta.

La elección de consejeros generales por el sector de las corporaciones municipales se efectuará con criterios de territorialidad mediante la delimitación de dos circunscripciones electorales: la primera, de la Comunidad de Madrid y la segunda, del resto de Comunidades Autónomas y Ciudades con Estatuto de Autonomía, donde las cajas de ahorro tengan oficina abierta.

Además, la Norma permitirá establecer un límite máximo del 30 por ciento de los consejeros del sector por corporación, de manera que ningún ayuntamiento podrá superar ese porcentaje tal como establecen, por ejemplo, las legislaciones de Andalucía (25 por ciento), Castilla y León (20 por ciento), Cataluña (20 por ciento), Rioja (30 por ciento) o Murcia (20 por ciento).

En este sentido, las enmiendas presentadas por el PP proponen que la elección de los consejeros generales del sector de las corporaciones municipales lo sean en función del peso real de los grupos políticos de acuerdo con la voluntad popular. De esta manera, se elimina la asignación mínima de representantes por cada grupo político integrante de las corporaciones municipales, privilegio que no se contempla en la normativa de Cajas del resto de comunidades autónomas.

La Norma también establece la posibilidad de que los consejeros generales, vocales y miembros de la Comisión de Control puedan prorrogar su mandato seis años más de los 12 permitidos "sólo en el caso de que la representación por la que se reelija fuera por el mismo sector por el que fueron elegidos la vez anterior".

Esto debería afectar directamente al actual presidente de Caja Madrid, Miguel Blesa, que podrá ser elegido por el Consejo de Administración si antes es designado vocal por el mismo sector que le eligió -la Asamblea de Madrid-- y no por otro diferente.

Igualmente, se da entrada a representantes de la sociedad civil al incluirse, además de organizaciones empresariales, sindicatos y universidades privadas, a universidades privadas y la Cámara de Comercio de Madrid como entidades firmemente arraigadas en el tejido social autonómico.

Ya en el debate Parlamentario, el diputado socialista Enrique Echegoyen criticó que el PP trajera el debate de Caja Madrid de manera "precipitada", y dijo que lo que quieren los socialistas es que la entidad financiera madrileña cumpla su papel en estos momentos y que "haga lo posible y lo imposible porque el crédito llegue al conjunto de los ciudadanos" y a las empresas que lo necesitan.

Por su parte, el diputado popular Pedro Muñoz Abrines consideró que con la reforma de la Ley hay una "reducción del peso de sector publico en los órganos de Gobierno" de la Caja, y apuntó que el sector que más gana tras las modificaciones es "la sociedad civil". Además, dijo que lo que hace la Ley de Cajas es amparar la "proporcionalidad".

Mientras, el diputado de IU Miguel Reneses consideró que la reforma hace "conculca la seguridad jurídica", hace una "discriminación clasista de los municipios con menos renta", y "refuerza el ámbito gubernamental" en la Entidad.

CANAL DE ISABEL II

El diputado socialista Enrique Echegoyen se opuso a las reformas fiscales que se van a a implementar gracias a la Ley y a las ayudas para uniformes escolares a los colegios privados ya que consideró que actualmente hay que apostar por la escuela pública, pero en un Pleno que estuvo marcado por la oposición de varios trabajadores del Canal de Isabel II a la privatización de un 49 por ciento de la empresa de aguas, el diputado socialista también se refirió a esta medida , que consideró "innecesaria".

Así, los socialistas consideraron que se trata de una medida "absolutamente innecesaria" ya que, según indicó Echegoyen, el Canal puede autofinanciarse. "¿Por qué se empeñan en que todo lo público es malo y lo privado es bueno?", se preguntó y apostó por mantener la empresa pública, "cuando se está gestionando bien y los ciudadanos están satisfechos con la gestión que se realiza". Su portavoz en la Cámara, Maru Menéndez, también consideró "preocupante" la privatización del 49 por ciento de la empresa de aguas madrileñas, y apostó porque continúe siendo pública.